200.000 millones para insistir en un modelo energético cuestionable

Pot publicat al web  Inmodiario

11-03-2015 (12:20:10)

Los cerca de 200.000 millones de euros de inversión que se van a requerir en la Unión Europea durante los próximos años de cara a crear un mercado único de la energía que refuerce las interconexiones entre los Estados, vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la viabilidad de un modelo, en un escenario de reducción de la demanda eléctrica y de descentralización de la generación eléctrica, y en el que la apuesta no debería ser el gas que la Unión Europea no tiene.

Una inversión altamente costosa para alcanzar el 10% de capacidad de interconexión entre los Estados miembros, entre líneas de transporte eléctrico de alta tensión y gasoductos, que acabará repercutiendo, como siempre, primero en las empresas y, después, en los clientes finales. Impacto económico y, también, en términos de costes externos en forma de contaminación, residuos, salud, o pérdida de servicios ecosistémicos.

Y todo en un momento de cambio, en que el incremento en los precios de la energía es un efecto del agotamiento progresivo de los combustibles fósiles y del incremento de la demanda mundial, liderado por países como China o India, y en el que el calentamiento global y la reducción de los impactos ambientales, pero también la independencia y la soberanía energéticas, exigen la puesta en marcha de un plan de transición energética.

Entraría aquí de lleno la aplicación del cambio de modelo, del que todo el mundo habla, pero que no acaba de arrancar como alternativa real, el que debe incidir en la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica, la independencia energética, y la gestión democrática y transparente de un bien común como es la energía.

Cambio que debe pasar por una reducción importante en el consumo de energía en los países industrializados mediante la remodelación del urbanismo y el transporte, el cierre de centrales de carbón y nucleares, la paralización de proyectos de gas, y la apuesta decidida por las energías renovables.

Con la apuesta de la Unión Europea por el mantenimiento del sistema, con limitaciones demasiado tibias en cuanto al incremento de la demanda, y el mantenimiento de una industria y un mercado en declive no es la mejor política pública, se incide en lo mismo. Un sistema tan complejo como es el energético, con grandes sectores en forma de monopolio natural, con necesidades de planificación estratégica y a largo plazo, decisiones políticas, e impactos sobre la salud, la economía y el medio ambiente no puede quedar en las manos del mercado libre y competitivo.

El petróleo barato desata una revolución energética

Article publicat a   El País

La caída del crudo obliga a replantear los equilibrios geoestratégicos mundiales y abre la puerta a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Precio petróleo

Planta solar de Abengoa en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). / BERNARDO PÉREZ
    A España le ha tocado el gordo en la lotería del petróleo: unos 15.000 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB, que el país se ahorrará al año si el precio del crudo se mantiene en los actuales parámetros. En el país de la ruina estructural energética, este es un raro golpe de fortuna para celebrar por partida doble; la caída del barril de brent —de referencia en Europa— arrastra al gas. “Supondrá un gran alivio para nuestra desequilibrada balanza comercial que debe buena parte de su déficit exterior a los más de 40.000 millones de euros anuales, el 4% del PIB, que nos gastamos en la importación de combustible”, se felicita Juan Luis López Cardenete, profesor de la IESE Business School y ex director general de Unión Fenosa. Un petróleo barato dará un respiro a las rentas familiares y a las cuentas de resultados empresariales. También contribuirá al aumento de la recaudación del IVA y del impuesto de sociedades. ¿Cuánto nos durará la racha?
    Ahora que el Gobierno considera la reindustrialización objetivo prioritario, ¿no deberíamos aprovechar para sumarnos a la revolución tecnológica e industrial generada en torno a la energía e implicarnos en la denominada transición energética: la progresiva sustitución de los combustibles fósiles por las energías renovables? Porque si hay un país dependiente de la importación de los combustibles fósiles, ese es España. Nuestro grado de dependencia exterior en petróleo, gas y carbón es del 70,5%, frente al 53,2% de media de la UE y del 25% de EE UU. “Asistimos a una catarsis energética y a movimientos geoestratégicos en torno al petróleo que no proceden del mercado, sino de intereses ocultos. Nada será igual a lo que fue”, apunta José Luis Martínez Marín, fundador del Club Español de la Energía.
    La factura energética retomará forzosamente su escalada —un año es el plazo por el que apuestan algunos entendidos—, por mucho que la aplicación de las discutidas técnicas de fractura hidráulica del subsuelo, el fracking —no competitivas, temporalmente, tras el desplome de precios—, posibilite la extracción masiva de hidrocarburos y aleje en el tiempo el catastrófico escenario teórico delcrash energético global. Gracias a la “silenciosa revolución energética” que emprendieron años atrás, Estados Unidos y Canadá han obtenido una notable ventaja competitiva sobre los países europeos. El objetivo primero sigue siendo asegurarse el suministro energético para las próximas décadas, aun a riesgo de contaminar acuíferos y de desencadenar la sismicidad inducida. Pero eso no significa que las primeras potencias renuncien a desarrollar las energías renovables. No lo hace China, el monstruo contaminante que puede arrastrar a la humanidad al desastre medioambiental, y tampoco EE UU, el otro gran contaminador que roza la autosuficiencia en hidrocarburos.

    El mercado mundial de crudo
    ¿Qué pasa en España, la otrora campeona mundial de las renovables que hace seis años atraía inversiones de medio mundo al calor de las primas establecidas por el Ejecutivo anterior? La transición energética encuentra a nuestro país con el paso cambiado, las arcas públicas vacías y el Gobierno ocupado en deshacer entuertos heredados. Las demandas de los inversores que se sienten perjudicados por los recortes aplicados a la retribución de las renovables forman ya una avalancha, mientras las industrias de alto consumo energético denuncian que la elevada tarifa eléctrica española les hace poco competitivas. La amenaza, luego levantada, de la multinacional del aluminio Alcoa de cerrar sus plantas de Avilés y A Coruña por “la imposibilidad de acceder a una energía a precios competitivos” es sintomática. “España tiene una de las tarifas eléctricas más caras de Europa y eso sin tener en cuenta el enorme déficit tarifario”, destaca Natalia Fabra, profesora de Economía en la Universidad Carlos III.
    El Gobierno da por cumplido el objetivo de congelar la escalada de precios de la electricidad, que entre 2002 y 2012 tuvo un incremento del 5,9% anual. Según el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, la nueva regulación del sector eléctrico ha conseguido que el déficit tarifario correspondiente a 2013 haya quedado reducido a 3.500 millones de euros —frente a los 10.500 previstos—. También, dejar en cero el de 2014. Es un alivio, desde luego, que el monstruo de los 25.000 millones de déficit neto acumulado haya dejado de crecer. Vista con perspectiva, la gestión política de las primas a las renovables se revela como un desastre mayúsculo que obligaría a preguntarse por las causas y responsabilidades. “Al contrario que en la solar, en la eólica se acertó bastante, se aprovechó el conocimiento de la danesa Vestas para desarrollar una tecnología y unas industrias propias modélicas. Las primas fueron generosas, pero la cosa funcionó. Hoy la producción eólica es superior a la fotovoltaica y, sin embargo, se pagan más primas por las fotovoltaicas que por las eólicas”, señala José Ignacio Pérez Arriaga, profesor de Regulación Energética en el MIT (Massachusetts Institute of Technology).

    El grado de dependencia exterior en petróleo, gas y carbón es del 70%, frente al 53% de la media de la UE y el 25% de EE UU
    “Más que en las primas, efectivamente muy generosas, el problema con las renovables es que no hubo disciplina y se permitió la producción de mucha más potencia de la que estaba prevista y era necesaria para cubrir la curva de aprendizaje”, explica el director delCentro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano López Martínez. “Lo que debía ser un incentivo para la experimentación y desarrollo de las nuevas energías pasó a convertirse”, subraya, “en un producto de inversión más y una operación ruinosa para el erario público”. Vistas las demandas que presentan ahora contra España los propios consorcios energéticos internacionales que también invirtieron en nuestras renovables, no puede decirse que hayan agradecido el esfuerzo de financiar con cargo a los consumidores pasados y futuros la “curva de aprendizaje”. “La cuestión no está en llegar el primero a clase, sino en sacar la mejor nota. Nos precipitamos: lo que debía haberse hecho en quince años se hizo en dos”, alecciona Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona. Al igual que otros expertos, también él cree que este es el momento propicio para promover las renovables —producir un vatio fotovoltaico cuesta siete veces menos que antes—, aunque especifica: “Sin subvenciones ni ayudas y solo las que ya son competitivas y maduras: la eólica, la solar fotovoltaica…”.
    Pero el Gobierno parece volcar todos sus esfuerzos en tratar de sacar los pies del charco legal y soslayar aquellos compromisos de primas firmados para 20-25 años que pesan como una losa sobre el erario público. La pregunta es si lo conseguirá y el problema es la inseguridad jurídica y la merma de la reputación que implican los bruscos cambios de criterios de la Administración española. “En esta materia, hay pocos países con tan alto grado de inseguridad jurídica; de ahí que las inversiones en eólica y solar estén paralizadas. Si no hubiera esa incertidumbre, estoy seguro de que esas dos renovables habrían despegado porque cada vez serán más fundamentales. Y como no tenemos un plan estratégico como país, una visión a largo plazo, no podemos aplicar una política de transición energética. Menos mal que estamos en la UE y al menos Bruselas nos va marcando un camino”, apunta José Ignacio Pérez Arriaga.
    Nadie, entre los expertos, critica el empeño en impedir que la espiral del déficit tarifario siga creciendo, pero sí la paralización y abandono de todo lo renovable. A decir de estos entendidos, la única energía que no necesitamos importar ha pasado a convertirse en tabú. Hay un coro de voces con experiencia y conocimiento que sostiene que, fieles a nuestra peor tradición, nos hemos ido de un extremo a otro, sin considerar que hay industrias de éxito y con futuro. En las discusiones del Plan de Energía Estratégica para Europa (SEP Plan) en las que se fijan las prioridades de desarrollo tecnológico industrial, algunos representantes españoles han mostrado desinterés en los proyectos asociados a las renovables. Y eso que, como apunta Cayetano López, ha empezado a crearse un potente sector industrial. “La mayoría de las empresas de fabricación de paneles fotovoltaicos han caído en manos chinas, pero en la solar de concentración somos los mejores del mundo, y en el campo eólico, Gamesa, Acciona o Iberdrola son empresas muy potentes”, indica.

    “Los centros tecnológicos y las industrias energéticas tienen que ir de la mano”, dice un experto

    Un trabajador controla un camión durante las operaciones de carga en un pozo petrolífero en Montana (EE UU). /DANIEL ACKER (BLOOMBERG)
    Es un lugar común entre los especialistas que en España no ha habido, ni hay, una política energética que merezca tal nombre. He aquí un somero muestrario de opiniones: “Somos uno de los pocos países de la OCDE que no tiene una prospección a 2040, nos limitamos a ir a remolque de la estrategia europea del 20/20/20/ (20% de reducción de los gases de efecto invernadero; aumento hasta el 20% del peso de las renovables en la energía total; mejora en un 20% de la eficiencia energética) establecida para el año 2020 y que difícilmente vamos a cumplir” (…) “Lo alucinante es que la política energética no está diseñada para la reducción del coste de la factura de abastecimiento, de la dependencia y de las emisiones” (…) “Nadie sabe qué mixenergético (combinación de energías) pretende nuestro país” (…) “Política energética es pensar en el transporte de mercancías y en las viviendas, y resulta que en los últimos tiempos hemos construido cinco millones de viviendas sin el adecuado aislamiento térmico” (…) “El transporte se lleva el 31% del consumo energético y el 70% del combustible se quema en la ciudad. ¿Qué pasa con la peatonalización, la bici, el coche eléctrico? En Alemania, el ferrocarril se usa tres veces más que en España” (…) “Hay que disminuir la dependencia del petróleo, ir a la electrificación de ferrocarriles, trenes y autobuses y decidir qué hacer con las nucleares porque, si vamos a seguir contando con ellas, habría que invertir ya en su renovación. No vaya a ocurrirnos como a Alemania, que ha cerrado sus nucleares y tiene que volver al carbón, con toda su carga contaminante”.
    Plantear un pacto de Estado sobre la energía sigue siendo un brindis al sol, pese a que la catarsis que está teniendo lugar dejará poco margen de decisión sobre cuestiones como las prospecciones marinas de yacimientos de petróleo y gas y la aplicación del fracking que enfrentan hoy a los dos grandes partidos políticos. En el libro blanco sobre política energética que elaboró por encargo gubernamental, en 2005, José Ignacio Pérez Arriaga ponía el énfasis en la necesidad de que la política energética fuera consensuada. “Las inversiones en energía son costosas y para muchos años. No puede ser que un Gobierno apueste por lo nuclear o se comprometa a pagar por las renovables y el siguiente no. Les recomendé que la política energética estuviera en manos de expertos y no de simpatizantes o militantes del partido en el poder de turno, pero no me hicieron caso. Los Gobiernos de distinto signo no han hecho nada para evitar que el déficit tarifario crezca y crezca. Optaron por echarse las culpas unos a otros y solo han reaccionado cuando se han visto en la boca del lobo”, afirma.
    Por coyuntural que resulte, el desplome del precio del barril de brent acarreará, previsiblemente, un aumento del consumo de los hidrocarburos, y cabe preguntarse si el Gobierno no debería aumentar los impuestos sobre la gasolina para reducir el incremento del consumo e invertir ese dinero en la transición energética. Natalia Fabra cree que sí. “Los precios del petróleo son volátiles e imprevisibles. Hay que liberar a la tarifa eléctrica de las excesivas retribuciones a las nucleares y las hidroeléctricas, aumentar el peso de las renovables en el mix energético, buscar la eficiencia y dotarse de una estrategia como la que tienen Alemania, Francia, Reino Unido…”. A eso, el catedrático Mariano Marzo le añade un punto de pedagogía general. “La gente tiene que entender que la energía no es solo una cuestión de dinero, ni una mercancía más; tiene que comprender que es un bien escaso y de importancia capital, que es poder y la base misma de la sociedad del bienestar”, enfatiza. Dice que volveremos a los tiempos del “niño, apaga la luz” y que tener coche o segunda residencia será un lujo.
    “O España elabora su propia política o se la impondrán desde fuera”, asegura Emiliano López Atxurra, presidente de la cátedra de energía del Instituto Vasco de Competitividad. “Política energética”, subraya, “es integrarse en el proyecto del eje franco-alemán que busca el renacimiento tecnológico e industrial europeo sobre la base de la innovación y la eficiencia energética. Hay que considerar a la energía como motor industrial y tecnológico. Si Europa no quiere perder el paso, deberá refundarse sobre una política energética y hacer que sus empresas de bienes eléctricos vayan a procesos de integración y adquieran músculo”. López Atxurra piensa que el foco de lo imprescindible se desplaza a lo tecnológico industrial, como lo demostraría la sustitución de directivos financieros por industriales en las cúpulas de los grandes consorcios energéticos. “Los centros tecnológicos y las industrias energéticas tienen que ir de la mano”, sostiene.
    La otra buena noticia es que Europa va a apoyar los esfuerzos españoles para dejar de ser una isla energética y reforzar sus interconexiones de electricidad y gas con el continente. Eso le permitirá comercializar sus excedentes de producción eléctrica y aprovechar sus poderosas instalaciones de ciclos combinados de gas. Precisamente, en febrero pasado se inauguró una nueva conexión eléctrica con Francia, que estará en periodo de pruebas hasta junio. Esta permitirá duplicar la capacidad de intercambio entre ambos países, de 1.400 a 2.800 megavatios (MW), o, lo que es lo mismo, del 3% actual de la demanda al 6%.
    Con sus fortalezas y miserias, España no puede desconectarse del proceso de transición energética que cambiará nuestras vidas.

    La industria alerta de la pérdida de 70.000 empleos por la cogeneración

    Publicat a el Economista

    Lorena López/ Rubén Esteller
    8:25 – 21/03/2014
     

    • Seis asociaciones se unen para pedir al Gobierno que suavice los recortes
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    Los presidentes de las seis patronales que firman el manifiesto en defensa de la cogeneración. Foto: elEconomista.

    Con una puesta en escena insólita, la industria española cerró ayer filas para presentar un frente común contra los cambios regulatorios del Gobierno, ya que provocarán la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos, sólo por el golpe asestado a la cogeneración, sistema de generación de energía eficiente que utiliza la industria para poder sostener los costes energéticos.Seis grandes patronales que abarcan desde el sector alimentario hasta las papeleras, la cerámica y la agricultura presentaron ayer un manifiesto al Ministerio de Industria y han pedido nuevos contactos con el ministro del área, José Manuel Soria, para advertir de que si la reforma va contra la reindustrialización de España, «será un error irreparable para la economía real».

    Ascer, Aspapel, FIAB, Hispalit, Asaja y Cooperativas Agro-Alimentarias cifraron en 1.030 millones el impacto sufrido por las nuevas tasas aplicadas, así como por la nueva orden de estándares que aún no está en vigor.
    En este sentido, el director general de Aspapel, Carlos Reinoso, que leyó el manifiesto, quiso remarcar que una vez que entre en vigor la nueva retribución para el extinto régimen especial «todas las cogeneraciones entrarán en quiebra». «Sin que esté vigente esta norma ya han parado 2.000 megavatios de cogeneración», alertó.
    Por su parte, Eduardo Querol, consejero delegado de Lecta/Torraspapel y presidente de Aspapel, precisó que el sistema eléctrico español puede sobrevivir sin cogeneración porque adolece de sobrecapacidad, pero el problema se presenta en la industria asociada.

    Los efectos colaterales

    No obstante, el cierre de cogeneración tendrá efectos colaterales en diferentes sectores, ya que provocará la caída de la demanda nacional de gas del 10%, una pérdida de la eficiencia energética del país del 2% y unos impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB nacional, además de la importante pérdida de empleo antes mencionada.
    Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Isidro Zarzoso, explicó que «la reforma supondrá la eliminación del beneficio empresarial o la entrada en pérdidas, lo que conllevará cierres y destrucción de empleo en un sector que ya ha visto ajustarse su plantilla en un 47% desde 2008».
    Por último, José Malpesa, presidente de Hispalyt, indicó que el nuevo régimen de renovables supone reducir un 35% la retribución que existe desde el pasado año, con lo que la cogeneración no cubre sus costes operativos y tendrá que parar, pero estará obligada a continuar pagando los préstamos.

    “El dilema hoy no es crecimiento y empleo versus naturaleza, sino crecimiento capitalista versus naturaleza y empleo”

    Entrevista a Manuel Garí publicada a El Diario.es

    Entrevista con Manuel Garí: “El sistema energético español es irracional, consumimos más energía por unidad de PIB que la mayoría de países occidentales.”
    Manuel Garí.


    Manuel Garí es economista y activista social, director de la Cátedra Trabajo, Ambiente y Salud de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha defendido durante muchos años los derechos de la clase trabajadora desde el sindicalismo, sin perder nunca de vista la defensa medioambiental. Acaba de publicar  el libroQué hacemos por otra cultura energética, escrito junto a Javier García Breva, Begoña María-Tomé Gil y Jorge Morales de Labra. Una propuesta por otro modelo productivo a partir de una nueva cultura energética, basada en las renovables y en la democratización de los recursos.
    Ofrecemos la primera parte de una extensa conversación, que continuaremos en los próximos días. En esta primera entrega hablamos con Garí de la crisis energética, su relación con la crisis económica, las amenazas en el horizonte, las nucleares, el fracking, así como del sistema energético español y la última reforma.

    -La crisis energética que se anuncia a medio plazo, ¿cómo afectaría a España?

    Energéticamente el Estado español es sumamente dependiente del exterior ya que el 80% de los recursos energéticos consumidos se importan. El carbón se trae de Ucrania, Rusia, Sudáfrica y China. En 2011 el 99,8% del gas y petróleo consumidos como energía primaria fue importado, lo que significó una cifra equivalente al 4,7% del PIB. Más del 55% del crudo se compró a los países de la OPEP, particularmente a Arabia Saudí, Irán y Nigeria, más del 15% a Rusia y en torno al 12% a México; la factura del petróleo ese año supuso el 85,6% del total del déficit comercial español. En el caso del gas nuestros principales proveedores fueron Argelia -38%-, Nigeria -18,6%- Catar -13,4%- Noruega -8,4%- y Egipto -6,5%-.
    La primera conclusión de esta aburrida catarata de cifras y porcentajes es que cualquier alza de los precios de los combustibles fósiles contribuirá negativamente al desequilibrio estructural comercial. La segunda es que cualquier tensión política y/o bélica en las regiones productoras de las que importamos aumenta la vulnerabilidad de nuestro sistema energético y… económico. Vamos a ver que pasa a corto plazo con la situación en Siria.

    -La actual crisis económica global, ¿en qué medida tiene también un componente energético en su origen?  
    En el verano de 2004 se hizo patente una de las consecuencias de la guerra de Irak: el barril de crudo pasó de 20 dólares a 40, en 2007 se atravesó la barrera simbólica de los 100 dólares y siguió subiendo hasta alcanzar los 147 dólares en la primavera de 2008, lo que provocó un movimiento inflacionista en la economía de los países occidentales y un alza de los precios de los alimentos con consecuencias dramáticas para los países empobrecidos. Se intentó detener la temida inflación mediante un alza de los tipos de interés. Este movimiento junto con el resto de elementos irracionales que configuran la financiarización de la economía mundial resultó explosivo. El resto es una historia conocida: tras el boom del dinero barato crisis de las hipotecas basura, crisis financiera internacional, crisis de las deudas europeas, etc.
    Pero no es la primera vez que una grave crisis económica y financiera fue precedida por un alza de los precios del crudo, recordemos que el fin del keynesianismo y la instauración del neoliberalismo llegaron tras la guerra árabe-israelí de 1973 en la que los precios del petróleo se cuadriplicaron y tras la revolución iraní que comportó que se doblaran nuevamente entre 1978 y 1981. El experto venezolano en economía de la energía, López Arismendi, afirma en su libro El fin de la era petrolera que las manifestaciones más evidentes de la crisis estructural que sufre la sociedad mundial son económicas pero que el origen de las mismas es energético. No le falta razón.

    «La necesidad de crecer sin parar es un imperativo de la ganancia capitalista, no del bienestar de la sociedad»


    -¿Cómo resolvemos el habitual dilema entre sostenibilidad ecológica y crecimiento económico/creación de empleo?  

    Empecemos por desmontar el mito del crecimiento económico. La necesidad de crecer sin parar es un imperativo de la realización de la ganancia capitalista, no del bienestar de la sociedad. Ese crecimiento no comporta automáticamente un reparto justo de bienes y servicios en la sociedad. Depende en qué sectores se crezca y en cuales se decrezca el resultado será más o menos favorable a los intereses de la mayoría social. El capitalismo industrial multiplicó la capacidad de acumulación monetaria y de crecimiento anual medido en términos monetarios mediante el Producto Interior Bruto, el tan llevado y traído señor PIB. La financiarización de la economía ha inducido hasta la metástasis esa acumulación de capital ficticio y ha desorbitado el culto al PIB.
    Lástima, porque el PIB es un indicador económico incompleto e imperfecto. No se le puede tomar como la verdad revelada. No es capaz de informarnos sobre las condiciones sociales y ecológicas de producción. Tampoco sobre los valores de uso producidos ni sobre su distribución. Y, particularmente, hay que disociar la idea de crecimiento de la de creación de empleo. Hemos podido constatar en diversos momentos, como afirma Catherine Samary en el artículo aparecido en Viento Sur “De los desastres del “productivismo” a la planificación ecosocialista autogestionaria”, que puede haber crecimiento con enormes cifras de desempleo, incremento de las desigualdades y destrucción ambiental. Esta crítica al PIB se extiende entre los economistas más sensibles incluidos algunos de los defensores del sistema económico vigente, a la vez que comienzan a formularse propuestas de nuevos indicadores como el PIB verde.
    Hoy el dilema no es crecimiento y empleo versus naturaleza sino crecimiento capitalista versus naturaleza y empleo. La gran crisis económica que viene, como afirma el propio George Soros, es la que puede derivarse de la catástrofe climática inducida por la forma de producir y movernos. Esa destruiría fuentes de riqueza y empleo en dimensiones dantescas. No es solo un debate económico, es un debate civilizatorio.

    Más en concreto ¿es posible compatibilizar la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo?  
    Está abriéndose paso de manera firme en el mundo sindical y en el de los expertos en economía ajenos al neoliberalismo una nueva hipótesis: el proceso de reconversión del aparato productivo en términos ecológicos, comenzando por el modelo energético, es intensivo en trabajo humano por un lado y, por otro, implica una importante movilización de recursos e inversiones que posibilitan medidas anticíclicas generadoras de riqueza que a la vez son  sostenibles desde un punto de vista ambiental. Baste un botón de muestra, las energías renovables generan 2,7 veces más empleo por unidad de PIB que la media del sector energético.
    Diversos informes de la OIT corroboran el enorme potencial de creación de empleo que contienen las fuentes renovables de energía y la introducción de criterios de eficiencia energética en la producción y los servicios. Igualmente queda demostrado en los estudios sobre el caso español en los que hemos participado entre otros Begoña María-Tomé y yo mismo.
    Si a ese cambio de paradigma productivo le sumásemos una profunda reestructuración de la organización del tiempo humano con una drástica reducción de la jornada laboral, se produciría el doble movimiento de creación y reparto del bien “puesto de trabajo”.

    -La energía nuclear como alternativa a la fósil, ¿está descartada tras Fukushima, o el lobby nuclear se mantiene fuerte?  

    Cada día que pasa hay nuevos argumentos para dejar la energía nuclear. Las fugas radiactivas al mar en Japón ocupan las noticias, entre otras cosas, porque puede haber consecuencias transoceánicas en el Pacífico norteamericano. La conservadora canciller alemana Angela Merkel desdiciéndose de su programa electoral ha iniciado la desnuclearización en su país. El lobby nuclear guarda silencio sobre Fukushima y en el caso español acaba de reconocer que la mayoría de los españoles rechaza la energía nuclear.
    Su silencio no es equivalente a su desaparición. Existen fuertes intereses económicos de las grandes compañías energéticas propietarias de centrales atómicas –en España y en el resto de países- y de fabricantes de reactores y constructores de plantas –como es el caso de Areva en Francia- y además hay una ideología pronuclear –y claro está, también petrolera- que asocia progreso con centrales atómicas –y humos de combustión-, ningunea los riesgos y desprecia a las renovables. En nuestro país hay insignes representantes de ese pensamiento reaccionario y desinformado tanto en el mundo sindical como en algunos partidos socialdemócratas, pero la palma se la llevan los neocon que en España están muy bien representados por el PP, particularmente por Rajoy y Soria.
    Los pronucleares defienden su opción mediante cinco mentiras: que la energía nuclear es imprescindible como energía base de respaldo, que es más barata, que es limpia, que es segura y que hay reservas ilimitadas de combustible. La realidad ha desmontado una por una esas interesadas e ignorantes afirmaciones: poderosas economías no tienen centrales nucleares y su sistema energético funciona, el kW nuclear resulta más caro dados los altos costes iniciales, los residuos radioactivos no pueden esconderse bajo la alfombra, los incidentes devienen en accidentes y estos en desastres y tragedias, el uranio existente en el planeta es finito y no puede alimentar las actuales centrales más allá de 50 años, mucho menos tiempo si se siguen construyendo.

    ¿Por qué no se construyen todas las centrales que se anuncian?  

    Porque las inversiones iniciales son muy cuantiosas y el retorno se dilata en el tiempo. Por ello el capital privado no quiere arriesgarse sin el aval y la financiación estatales. Así de liberales y arriesgados se muestran estos fundamentalistas del mercado y enemigos de lo público a la hora de pedir la intervención estatal para atreverse a invertir un euro en las nucleares. Además la cuenta de explotación de la generación eléctrica desdice el mito de los bajos costes. El Informe Lazard de 2008 basado en los datos de la Comisión Europea y tomando como criterio el de coste/beneficio, sitúo los costes de producción por kilovatio hora (kWh) de la nuclear entre 10 y 12 céntimos de euro frente al coste de la eólica y la biomasa situado en el entorno de 5 a 9. En conclusión la nuclear no puede sustituir a la fósil, vayamos pensando en una energía más asequible y segura, la que viene del sol.

    «En España los mayores defensores del fracking son grandes compañías constructoras en búsqueda de negocio»


    -¿Y el fracking? ¿Por qué hay administraciones que parecen dispuestas a autorizarlo pese al rechazo y las dudas que despierta?  

    En el caso español los mayores defensores del fracking son grandes compañías constructoras en búsqueda de negocio promovido por administraciones que han descubierto en el gas pizarra la panacea a los diversos males patrios, ya que afirman que el uso energético del gas pizarra es la panacea de sustitución ante el peak oil y el peak gas porque las reservas sin explotar son cuantiosísimas, es más limpio que el carbón al que expulsará del mercado, reduce la emisión de CO2y ayuda a combatir el cambio climático, por lo que se convierte en un combustible de transición a nivel mundial hacia una energía descarbonizada. En el caso español, además, permitirá la independencia energética, será una fuente de riqueza local y comarcal, y generará empleo. ¡Bienvenido mister Marshall! Y, además su extracción y uso son limpios, no comportan efectos ambientales negativos ni riesgos para las personas por lo que, algunos de los que desde la administración deberían velar por el cumplimiento estricto de la norma afirman que no es necesario hacer estudios de impacto ambiental. En definitiva estamos ante un conjunto de creencias ancladas en una idea de progreso vinculada al pelotazo extractivista. La realidad es muy otra.
    El gas pizarra que se obtiene mediante la fractura hidráulica tiene una tasa de retorno energético (TRE), el indicador que establece el cociente entre la energía empleada en su obtención y la energía obtenida, sumamente bajo: entre el 2 y el 5. El fracking pues resulta un procedimiento sumamente ineficiente en términos energéticos y por tanto de costes, cosa que silencian sus defensores, si lo comparamos con las tasas de la fotovoltaica, situada en el 7 –lo que lleva a sus detractores a decir que es una cifra baja- o del gas o petróleo convencional que supone el 15 o la eólica que alcanza el 17. El gas pizarra no es la alternativa al petróleo convencional ni en términos energéticos ni crematísticos. El fracking supone una técnica sumamente agresiva por el empleo de cientos de sustancias químicas nocivas de forma masiva que se depositan incontroladamente en acuíferos, subsuelo, suelo y cauces, sumamente despilfarradora de agua y sumamente peligrosa porque puede inducir movimientos sísmicos.
    Un reciente informe del Parlamento europeo afirma que los recursos de gas convencional en Europa son demasiado pequeños para tener una influencia energética sustancial y que la tendencia más previsible tras un primer boom será al declive de la producción y uso gas de esquisto. En el caso español las cifras de existencias conocidas son muy reducidas: 250.000 millones de barriles. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma que la producción de gas incluyendo convencional y pizarra disminuirá en Europa a ritmo 1,4% anual. Son datos y opiniones demoledoras. ¿Se tendrán en cuenta? En el caso del ministro Soria parece que no. Quizás ni las conozca.

    El sistema español


    -¿Por qué consideran “irracional” el actual modelo energético español?  

    El uso que hacemos de la energía que no tenemos y debemos comprar fuera a precio de oro es muy ineficiente ya que la intensidad energética de nuestra economía sigue siendo muy alta y no la hemos bajado significativamente desde la crisis energética de los años setenta. Dicho de otra forma consumimos más energía por unidad de PIB que la mayor parte de los países occidentales. Los impactos ambientales y sobre la salud de la contaminación son muy importantes y, puestos a hablar de dinero, no los pagan quienes los producen sino nuestras vidas y la hacienda pública, nuestros impuestos. Impuestos que por cierto vienen subvencionando a las grandes compañías que configuran el oligopolio energético español y a los que a su vez pagamos la electricidad a precios cada vez más elevados. A ello hay que sumar un modelo de transporte basado en los combustibles fósiles y un alto grado de ineficiencia energética del parque inmobiliario residencial, terciario, industrial y turístico. Visto lo visto ¿es exagerado hablar de irracionalidad sistémica?

    -¿Qué efectos ha tenido la liberalización del mercado eléctrico?  

    En 1997 el gobierno de Aznar anunció que se iniciaba la transición a un sistema de libre mercado eléctrico. Las eléctricas consiguieron de inmediato que se les garantizara la recuperación de las inversiones que hasta el momento habían realizado mediante el reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) cuya cuantía inicial se estableció en 12.000 millones de euros. Además se diseñó un absurdo mercado cerrado para y controlado por las grandes compañías en el que el gobierno popular aceptó aberraciones como la del reconocimiento del déficit tarifario que aún hoy colea. Finalmente, el sistema de fijación de precios del que conviene que hablemos no es precisamente un modelo de juego real oferta / demanda. Difícilmente puede hablarse de un mercado eléctrico liberalizado.

    «La fijación de precios favorece a los grandes consumidores industriales, y su peso gravita sobre pequeñas empresas y consumidores particulares»


    -¿Por qué es tan compleja y falta de transparencia la fijac n de precios en España, un “arcano indescifrable que a tantos oculta sus secretos”? ¿Cree que han sido capaces de hacerlo inteligible en su libro?  

    La metafórica referencia de Jorge Morales al oscurantismo del sistema de fijación de precios de la electricidad no es baladí. La Ley básica de la electricidad (ley 54/97) estableció un mercado mayorista pretendidamente marginalista que funciona muy defectuosamente. El precio de la electricidad se forma por adición de tres sumandos. El primero compuesto por el precio más caro de entre los oferentes que hayan sido invitados a participar por ser los más baratos en ese momento para atender la demanda. El segundo sumando, los costes de acceso que contemplan diversos elementos como los costes de transporte y distribución, las primas del régimen especial, la deuda tarifaria, los costes extrapeninsulares y los cotes de funcionamiento de la Comisión Nacional de la Energía
    (hoy integrada en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia)y del Operador del Mercado Eléctrico. Y un tercer sumando, los Costes de Capacidad que se pagan por estar disponibles al carbón y al gas.
    Poco que ver con un mercado abierto al que puedan los consumidores, los grandes ausentes, o transparente y sencillo para los mortales pues gran parte del galimatías que sucintamente expliqué es un constructo político ajeno a las reglas que se supone tiene un mercado capitalista. No todos tienen el mismo grado de información ni la misma capacidad de influir en la fijación del precio. Y mucho menos con un mercado que abarate el precio para la mayoría de la población. Todo este entramado favorece a los grandes consumidores industriales y su peso gravita sobre las pequeñas empresas y los consumidores particulares.
    ¿Hemos sido capaces de hacer inteligible este galimatías en el libro? Eso deben responderlo las personas que lo lean. Nuestra intención fue que lo fuera.

    ¿ La reciente reforma del sector eléctrico ha resuelto la cuestión del déficit tarifario? ¿Cómo quedan las renovables? ¿Qué evoluc ión tendrán los precios para el consumidor tras la reforma?  

    El decreto-ley (9/2013) ha iniciado el trámite parlamentario de una nueva ley del sector y se están conociendo diversos reales decretos y órdenes ministeriales que completan el despliegue. A la pregunta que haces la respuesta es no. No se ha resuelto el problema del déficit tarifario que ha sido el motivo aducido por Soria para iniciar los cambios sobre el papel. Se justificaba la reforma por la existencia de un déficit
    estructural que puede estimarse en de4.500 millones de euros
    para este año que vendría a sumarse  ingente déficit reconocidoa mes de mayode 26.062 millones de eurosy la ya pagada 11.823 millones desde 2006 a partir de la deuda generada desde 2002, y cuando se mira lo que puede lograr este RDL 9/2013 se concluye que aún en el caso en que se cumpliera lo previsto por el decreto, esto no sería suficiente para eliminar el definitivamente el dichoso déficit como no lo hizo la Ley de medidas fiscales (15/2012) que también anunció a bombo y platillo que erradicaría el problema.
    Dependerá de la evolución de los precios y la demanda que la cifra final del déficit anual sea mayor o menor de la estimada.
    Lo que sí es seguro que el decreto va a cercenar de forma contundente la viabilidad de las renovables. Basta mirar la memoria económica del mismo. Basta hacer un análisis del discurso del párrafo siguiente para concluir hasta que punto cuando van bien las cosas para las renovables y los precios finales, desde el gobierno se retuerce el argumento en la exposición de motivos del RDL 7/2013: “Estas desviaciones vienen motivadas por el hecho de que en los primeros meses del año 2013 han acontecido unas condiciones meteorológicas atípicas, y el nivel de pluviometría y las condiciones de viento han sido muy superiores a las medias históricas. Estas condiciones han provocado un doble efecto. Por un lado, han ocasionado el hundimiento del precio del mercado diario hasta un nivel mínimo de 18,17 €/MWh de media en el mes de abril, dando como resultado un precio medio en los seis primeros meses de 2013 que no alcanza los 37 €/MWh, muy inferior a los 51,19 €/MWh previstos para el conjunto del año. Por otro lado, se ha producido un incremento de las horas de funcionamiento de determinadas tecnologías, y en particular de la eólica con derecho a régimen primado”.
    Los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR), cuya denominación va a cambiar, verán incrementada su factura con dos subidas durante 2013. La primera será del orden del 3,2%, la segunda tendrá lugar en el último trimestre pues se modificará el precio correspondiente a la llamada “parte de mercado” como resultado de la subasta CESUR.
    A todo ello hay que añadir que la Orden IET/1491/2013 del 3 de agosto pasado en la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica en la que se aumenta el término de potencia y se reduce la parte regulada del de energía, o sea sube el peaje fijo, el que se tiene por estar conectado y baja el que depende del consumo, penaliza a quienes ahorran y subvenciona a quienes despilfarran o son grandes consumidores. Finalmente el decreto regulador del autoconsumo del 18 de julio en el que se establecen los denominados “peajes de respaldo” supone un duro golpe a la generalización y consolidación de la generación distribuida de la energía, amén de equipararla desde el punto de vista fiscal a la electricidad producida por las compañías con ánimo de lucro. El mundo al revés. Pero tiene su lógica, la muy perversa lógica de los poderosos en cualquier expresión de la lucha de clases.

    ¿Puedes valorar qué resultado tendrá la reforma?  

    Pierden sobre todo los productores de energías renovables, que ven caer drásticamente sus previsión de ingresos; los usuarios eléctricos, que padecerán a nuevas subidas de precios; y en menor medida el sector productor de régimen ordinario, para los que la bajada en garantía de potencia, transporte y distribución es mucho menor (en términos porcentuales) que para las renovales. Los ganadores son los mismos de siempre. Se mantienen inalteradas las ayudas de estado al sector industrial gran consumidor que sigue recibiendo 732 millones de euros en concepto de un servicio de interrumpibilidad que no se presta. También mantienen intactos sus privilegios los tenedores de una deuda que con los nuevos déficit reconocidos superará los 30.000 millones de euros y a la que podría aplicarse alguna quita o reducción del precio a pagar establecido.

    Para más información y para conocer las propuestas en materia energética, el libro Qué hacemos por otra cultura energética. Más información en www.quehacemos.org