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- Los hallazgos de 2015 sólo sirven para cubrir la demanda de cuatro meses
- Se han encontrado 12.100 millones de barriles nuevos, casi todo en EEUU
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Madrid 10 ABR 2016
Sucursal Banco de Santander en Madrid Alvaro Garcia EL PAÍS |
El Banco Santander ha abierto la espita de un proceso de ajuste de personal que sindicatos y laboralistas consideran que se va a extender al resto de las entidades financieras. De hecho, tras los 1.660 despidos anunciados por la entidad presidida por Ana Botín, Banco Ceiss negocia una reestructuración de un tercio de sus empleados, Novo Banco ultima la salida del 34% de su plantilla y CaixaBank ofrece 500 bajas incentivadas. «Ya son 3.500 trabajadores afectados. Estamos ante la segunda gran reestrusturación del sector», explica UGT.
La historia comenzó a fraguarse el pasado verano. El Banco Santander había decidido emprender un ajuste de personal a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) que mantuvo en sigilo hasta la semana pasada, cuando dio el visto bueno a una reestructuración de personal que puede afectar a 1.660 personas (1.200 de las cuales trabajan en las 450 sucursales que la entidad pretende cerrar y 460 en la central de Boadilla del Monte, Madrid), sorprendiendo a los sindicatos. “Teníamos previsto que el Santander estudiase absorber alguna entidad, pero no que abordase en recorte de estas características, pese a presentar buenos resultados”, afirma el responsable del sector financiero en UGT, Sebastián Moreno. La transformación del negocio hacia el modelo digital, que implica un menor número de oficinas, y la simplificación de su centro corporativo son las razones que esgrime el banco para abordar los despidos.
Pero a nadie se le escapa que la situación que atraviesa el negocio financiero, con unos tipos de interés cero, unos márgenes a la baja y una sentencia que acaba de declarar nulas las claúsulas suelo, “obligará al resto de entidades a seguirle en el proceso, pues el exceso de oficinas es generalizado”, opina un abogado que pide anonimato. “BBVA también ha anunciado el cierre de sucursales”, agrega. Aunque la entidad presidida por Francisco González ha tenido que enviar un comunicado para tranquilizar a su plantilla ante la alarma generada por Carlos Torres, su consejero delegado, que aseguró que el banco podría funcionar con 1.000 sucursales. De momento, no hay un plan de cierre programado, decía la misiva. No obstante, González declaraba recientemente a EL PAÍS que, a cinco años vista, BBVA tendrá menos sucursales.
En Banco Ceiss sí se está negociando un ERE para un tercio de la plantilla (hasta 1.120 trabajadores), algo que Juan José Giner, secretario general de la Agrupación de Servicios Financieros de CC OO, achaca a “la nula gestión de Unicaja en su filial, que ha recibido ayudas públicas y, en vez de reflotarla, echa a un tercio del personal”. No hay que olvidar que se trata del tercer ajuste de empleo desde que en 2010 se fusionaran Caja España y Caja Duero y antes de la compra de Unicaja.
Sumando los despidos que actualmente ultima el portugués Novo Banco en España (145), y las 500 bajas voluntarias incentivadas que acaba de anunciar CaixaBanc, el sector financiero arrancaría este nuevo proceso de reestructuración prescindiendo de 3.500 trabajadores.
Sin embargo, Giner cree que estas cifras se verán superadas a final de año, tanto si se produce la prevista consolidación del sector como si no. CC OO calcula que, como mínimo, se perderán 5.000 empleos en 2016. Una cifra nada desdenable si se tiene en cuenta que entre 2008 y 2015 bancos, cajas y cooperativas de crédito han recortado 77.253 efectivos, es decir, casi el 30% del personal.
Está en proceso la salida de empleados de Catalunya Banc, tras su integración en BBVA. Y las entidades de pequeño tamaño (como Liberbank, Ibercaja, BMN) podrían dar algún disgusto si finalmente los grandes bancos dilatan el proceso de concentración que llevan tiempo alentando las autoridades nacionales, europeas y los propios líderes bancarios.
Si se cierran fusiones y adquisiciones pueden desaparecer unos 20.000 empleos en el sector en esta seguna fase de reestructuración, coinciden los representantes de UGT y CC OO. “En toda fusión se eliminan los servicios centrales de la entidad absorbida y se recortan entre el 20% y el 30% de sus oficinas”, explica Moreno. Funcas estima que el segundo proceso de consolidación tras la crisis de 2008 podría saldarse con casi 15.000 despedidos hasta 2019.
Mientras se concreta la concentración, los sindicatos luchan por minimizar el impacto de los ERE en marcha reduciendo el número de afectados, ampliando las prejubilaciones y elevando las condiciones, asegura Miguel Periáñez, secretario general de CC OO-Santander. También con recolocaciones y traslados. “Las condiciones de los ajustes deben mejorar respecto a la anterior reestructuración. Aquella fue provocada por la quiebra real de las cajas. Ahora no estamos en la misma situación”, opina Moreno.
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Vicente Nieves
El término ‘Cuarta Revolución Industrial’ está cobrando cada vez más fuerza. El propio World Economic Forum ha comenzado a utilizarlo para describir lo que está ocurriendo a nivel global en la economía, un fenómeno que puede extenderse durante los próximos 20 años. Todas las economías del mundo deben adaptarse a este cambio en el que los robots, la inteligencia artificial o la economía virtual tendrán cada vez más peso. Aunque todos los países intenten beneficiarse de este proceso, no todos cuentan con los mismos recursos y flexibilidad para ser las economías ganadoras de los próximos 20 año
El banco suizo Credit Suisse se ha encargado de realizar un informe en el que analiza las posibilidades de los diferentes países para acoplarse a este cambio que se avecina. En colaboración con el World Economic Forum, desde Credit Suisse creen que «la idea de que todos vamos a ser reemplazados por robots no es nueva. En 1970 también se extendió la hipótesis de que todos los trabajadores iban a ser sustituidos por ordenadores».
Según los expertos de este banco, aunque es cierto que los robots y los procesos automatizados harán desaparecer muchos puestos de trabajo, la introducción de estos procesos conllevará a su vez la creación de nuevos puestos de trabajo. «La idea de que una persona pudiese dedicarse a diseñar aplicaciones no se podría concebir hace 20 años, pero la tecnología ha creado este nuevo puesto».
Por ello, la flexibilidad será el principal requisito para adaptarse a este cambio que se avecina. La educación jugará un rol fundamental, ya que será la que tendrá que dotar al capital humano de las habilidades necesarias para que sigan formando parte del proceso productivo.
Teniendo en cuenta todos estos factores, España podría ser uno de los países que sufran más en los próximos 20 años. Países como Chile, la República Checa, Malasia o Portugal parecen mejor preparados que España, que cuenta con grandes obstáculos como uno de los mercados laborales más rígidos del mundo. Tan solo países como Sudáfrica, Venezuela, Argentina o Turquía tienen menor flexibilidad laboral que España.
Parece obvio y de hecho muchos políticos lo defienden, «que ante la amenaza que supone este proceso lo más lógico fuese tratar de preservar los actuales empleos. Sin embargo, si la economía sigue moviéndose en el sentido actual tratar de mantener unos puestos de trabajo que van a quedar obsoletos es totalmente ineficiente. En última instancia es mejor para la economía y los consumidores, buscar reciclar a los trabajadores en lugar de tratar de mantener puestos de trabajo que están quedando obsoletos». Seguir incidiendo en la rigidez laboral y en el intento de mantener lo que ya hay terminará siendo fatal para la economías que sigan este camino.
Por otro lado, el país que estará más preparado para afrontar este cambio es Suiza. El país alpino cuenta con el mercado laboral más flexible de la muestra, además de ser el cuarto en cuanto a formación del capital humano, el primero en adaptación de habilidades a los nuevos procesos y tener unas infraestructuras modernas y adaptables. Singapur, Holanda, Finlandia y EEUU ocupan los siguientes puestos.
Por último, Venezuela con el mercado laboral más rígido de la muestra y el sistema jurídico menos independiente ocupa el último lugar de la muestra, justo por detrás de países como Argentina, Perú, Brasil o la India.
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Hace una década la cuestión a debate era si el cambio climático existía o era un invento de un puñado de científicos, y todo el mundo parecía tener un primo que sabía del asunto y que decía que la cosa no estaba tan clara. Hoy, el calentamiento global es ya parte del paisaje político, y la pregunta ya no es «¿qué?», sino «¿cuándo?». La lucha contra este proceso ha saltado a la agenda de los gobiernos y tras el acuerdo de París el consenso público parece ser que sufriremos cambios, pero nada que no podamos manejar. Así que todos tranquilos… o no.
Un estudio científico realizado por un grupo de reputados científicos, y liderado por el mismo ex investigador de la NASA que ya en 1988 advertía al Congreso de los Estados Unidos de lo que se nos venía encima acaba de dibujar un panorama que puede sonar sensacionalista, pero que viene respaldado por cálculos muy detallados.
Tormentas gigantescas en tierra, olas descomunales en la costa y enormes bloques de hielo cayendo del borde de los glaciares son sólo algunas de las consecuencias que nos esperan en las próximas décadas si la temperatura global aumenta (y esto es importante) como está previsto en sólo 2 grados centígrados respecto a la que tenía la Tierra antes de que en Inglaterra se desatase la revolución industrial.
No menos de 19 autores recurren a la paleoclimatología (la ciencia encargad de estudiar los cambios climáticos en el pasado), a modelos informáticos y observaciones actuales para concluir, sin miedo a resultar sensacionalistas, que se avecina un cataclismo sin precedentes, como recuerda The Washington Post.
El estudio, que se ha publicado este martes en la revista Atmospheric Chemistry and Physics, ha sido objeto de un intenso debate de alto nivel desde el pasado verano, tanto por sus temibles conclusiones como por la reputación científica de su director, James Hansen, y de sus otros participantes.
Hansen y sus colegas concluyen que el hielo de Groenlandia y Antártida se puede fundir mucho más rápido de lo que se ha estimado, pero además estiman que ese aporte de agua no se limitará a elevar el nivel del mar, sino que desencadenará consecuencias dramáticas en todo el planeta.
Consideran estos científicos que el agua del deshielo estratificará el agua de los océano polares, dejando atrapadas enormes cantidades de agua relativamente templada bajo una delgada capa de líquido frío y dulce.
En términos simples, ese proceso interrumpirá el flujo de las corrientes oceánicas tanto en el Atlántico como en el Antártico. Eso incrementará el diferencial de temperatura de la atmósfera entre los polos y el ecuador (los primeros se harán más fríos, el segundo más cálido), y eso alimentará tormentas que harán que algunos de los huracanes más devastadores parezcan de juguete.
El impacto será tan grande, asegura Hansen, que habrá olas gigantes capaces de arrastrar enormes rocas a elevaciones de varios metros sobre el nivel del mar.
«Los modelos que ha usado Naciones Unidas no tienen en cuenta el efecto del deshielo, y la mayoría de modelos tienden a limitar el efecto que tendrá la estratificación tras el deshielo de Groenlandia y Antártida», advierte Hansen.
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Enllaç a l’Informe de Deloitte
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
España necesitará invertir entre 330.000 y 385.000 millones de euros, unos 10.000 millones de euros anuales, para cumplir con los objetivos de reducción de CO2 establecidos por la Unión Europea para 2050, según el informe ‘Un modelo energético sostenible para España en 2050’ de Deloitte.
De este importe total, la mayor parte (entre 185.000 y 251.000 millones de euros) deberán destinarse a la generación eléctrica libre de emisiones -las renovables-, entre 50.000 y 59.000 millones de euros a redes de transporte y distribución energéticas, entre 38.000 y 73.000 millones de euros a eficiencia energética y conservación y entre 29.000 y 39.000 millones de euros al cambio de vector energético.
En la presentación del informe, el socio de Deloitte Alberto Amores destacó que estas cifras «son asumibles», ya que están en línea con la cantidad media anual invertida por el sector eléctrico durante la época de crecimiento.
Según Deloitte, para alcanzar ese compromiso de reducir las emisiones de carbono entre el 80% y el 95%, será necesario que el peso de la producción de origen renovable alcance en el horizonte de 2050 más del 90% del total, frente al 38% actual.
Esto quiere decir que de los actuales 52 gigavatios (GW) de renovables instalados en la actualidad se deberá pasar a entre 161 y 216 GW en 2050. Esta implantación de renovables requeriría además una capacidad de respaldo de unos 40 o 63 GW.
Además, la consultora considera necesario que se mantengan en funcionamiento tanto las plantas térmicas como las nucleares durante el periodo transitorio, ya que «para un mundo descarbonizado la nuclear tiene todo el sentido porque no emite y permite hacer un balance adecuado de aquí al 2030», señaló Amores.
Así, el estudio advierte de que el cierre prematuro de las centrales térmicas convencionales hoy instaladas -carbón y ciclos combinados- requerirá nuevas centrales de gas natural a partir de 2020, ya que en ese momento es previsible que todavía no estén disponibles las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía necesarias para el respaldo del sistema, lo que significaría nuevas inversiones por valor de 3.500 millones de euros.
UN 100% DE VEHICULOS ELECTRICOS.
Deloitte también señala que para alcanzar estos objetivos medioambientales será necesario limitar los productos petrolíferos a usos en los que no hay alternativa, como el transporte aéreo, y sustituirlos en los demás usos por electricidad o por gas natural.
En este sentido, supone que en España prácticamente todos los vehículos deberían ser eléctricos en 2050, para lo que se debería vender en 2030 ya unos 750.000 vehículos; que el 60% del transporte pesado se tendría que realizar por ferrocarril, cuando actualmente el 95% es por carretera, y que el 90% de los consumos de cocina, calefacción y agua caliente en viviendas y empresas debería ser eléctrico.
ABARATARA UN 42% EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD.
Según el informe, la descarbonización permitiría rebajar en un 42% el precio medio de la electricidad que pagan los consumidores, al pasar de los actuales 120 euros por megavatio hora (MW) a entre 65 y 75 euros por MWh.
Este descenso se debe principalmente al aumento de la demanda, que se duplicaría por su electrificación, y a la desaparición ya en ese horizonte del déficit del sistema y de la retribución actual a las renovables, que estará ya amortizada.
Además, habrá una menor dependencia energética, ya que, estima, que en 2050 serán necesario entre 7 y 15 millones de barriles de petróleo, frente a los 416 millones de 2013.
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La Seguridad Social de Finlandia ya tiene entre sus manos la primera propuesta seria para crear un modelo de renta básica universal que, si finalmente se implanta, permitiría que cada ciudadano cobre 800 euros al mes por el simple hecho de serlo, sin más condiciones.
Así lo revelaba la semana pasada Olli Kangas, director del departamento de estudios de Kela, el organismo finlandés en el que se concentran todos los pagos no sólo a pensionistas, sino también prestaciones tan variadas como el seguro médico nacional o el pago para desempleados.
Durante una primera fase piloto todos los ciudadanos, sin excepción, cobrarían 550 euros. Mientras tanto, quienes perciben actualmente alguna prestación podrían seguir cobrándola sin novedad.
Siempre conforme a la propuesta inicial de la seguridad social del país, que podría revolucionar su sistema de bienestar, en una segunda fase se sustituirían todas las prestaciones actuales (basadas en el nivel de renta) por un pago de 800 euros mensuales, tal como informa la radiotelevisión estatal.
La actual propuesta fue una de las primeras promesas realizadas por el gobierno de coalición de centro derecha tras acceder al poder en las últimas elecciones generales, y será desarrollada en los próximos meses.
No se presentará de forma definitiva hasta noviembre de 2016, y será entonces cuando se conozca el calendario (y el coste) definitivo para este gigantesco experimento con uno de los instrumentos de política macroeconómica más controvertidos de las últimas décadas.
Quienes apoyan la creación de sistemas de renta básica universal aseguran que reducirá los costes administrativos: si no hay condiciones que cumplir, no es necesario comprobar caso por caso que el beneficiario se ajusta a ellas.
Muchos defienden además su carácter redistributivo en sociedades cada vez más desiguales, y no faltan quienes recuerdan que en una sociedad cada vez más robotizada habrá que implementar modelos laborales en los que se tienda a reducir la jornada media y se equilibre una demanda de trabajo menguante con la necesidad de sostener a grandes colectivos.
En todo el mundo los experimentos con una renta universal se pueden contar sin embargo hasta la fecha con los dedos de la mano, como el dividendo que permite a los habitantes de Alaska recibir una renta anual procedente de los ingresos petrolíferos.
Dos programas piloto llevados a cabo por Unicef en India desde comienzos de la década mostraron mostraron mejoras notables en parámetros tan variados como la nutricición infantil o la actividad económica.
Pese a ello, la reducida escala del proyecto -apenas 6.000 personas- y su enfoque específico en una economía en vías de desarrollo han llevado a los más críticos a dudar de que las conclusiones del experimento puedan ser extrapolables a una economía desarrollada como la finlandesa.
En el país, utilizado hasta hace sólo unos años como ejemplo del éxito de las políticas económicas centradas en la competitividad exterior, un informe encargado por la Comisión Europea mostraba este año que los instrumentos clásicos del sistema de bienestar finlandés están empezando a ser inútiles para sacar a las familias de las crecientes bolsas de pobreza.
Tras cuatro años de contracción económica, y con una tasa de desempleo desestacionalizada cercana al 10%, los finlandeses se han mostrado favorables a la propuesta experimental del ejecutivo: cuatro de cada cinco ciudadanos apoya la implantación de una renta básica universal como método para combatir la desigualdad y estimular la actividad económica.
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Con una puesta en escena insólita, la industria española cerró ayer filas para presentar un frente común contra los cambios regulatorios del Gobierno, ya que provocarán la pérdida de 70.000 puestos de trabajo industriales directos, sólo por el golpe asestado a la cogeneración, sistema de generación de energía eficiente que utiliza la industria para poder sostener los costes energéticos.Seis grandes patronales que abarcan desde el sector alimentario hasta las papeleras, la cerámica y la agricultura presentaron ayer un manifiesto al Ministerio de Industria y han pedido nuevos contactos con el ministro del área, José Manuel Soria, para advertir de que si la reforma va contra la reindustrialización de España, «será un error irreparable para la economía real».
Ascer, Aspapel, FIAB, Hispalit, Asaja y Cooperativas Agro-Alimentarias cifraron en 1.030 millones el impacto sufrido por las nuevas tasas aplicadas, así como por la nueva orden de estándares que aún no está en vigor.
En este sentido, el director general de Aspapel, Carlos Reinoso, que leyó el manifiesto, quiso remarcar que una vez que entre en vigor la nueva retribución para el extinto régimen especial «todas las cogeneraciones entrarán en quiebra». «Sin que esté vigente esta norma ya han parado 2.000 megavatios de cogeneración», alertó.
Por su parte, Eduardo Querol, consejero delegado de Lecta/Torraspapel y presidente de Aspapel, precisó que el sistema eléctrico español puede sobrevivir sin cogeneración porque adolece de sobrecapacidad, pero el problema se presenta en la industria asociada.
No obstante, el cierre de cogeneración tendrá efectos colaterales en diferentes sectores, ya que provocará la caída de la demanda nacional de gas del 10%, una pérdida de la eficiencia energética del país del 2% y unos impactos socioeconómicos de más del 1% del PIB nacional, además de la importante pérdida de empleo antes mencionada.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Isidro Zarzoso, explicó que «la reforma supondrá la eliminación del beneficio empresarial o la entrada en pérdidas, lo que conllevará cierres y destrucción de empleo en un sector que ya ha visto ajustarse su plantilla en un 47% desde 2008».
Por último, José Malpesa, presidente de Hispalyt, indicó que el nuevo régimen de renovables supone reducir un 35% la retribución que existe desde el pasado año, con lo que la cogeneración no cubre sus costes operativos y tendrá que parar, pero estará obligada a continuar pagando los préstamos.