La rebelión contra la globalización

Article publicat a El País

 Desde fines de los setenta, los salarios medios han crecido poco y ha aumentado la desigualdad. Son muchos los que están hartos de que se beneficie a los de arriba y muy poco a los de abajo, contradiciendo años de promesas

La rebelión contra la globalización
RAQUEL MARÍN
La globalización se ha estancado. Los datos de comercio y flujos de capitales lo confirman. Por primera vez desde la II Guerra Mundial, es decir, por primera vez en una generación, llevamos ya siete años con crecimiento débil o negativo en intercambios económicos internacionales. En los últimos 70 años hemos sufrido periodos de estancamiento de cuatro años, como después de la primera crisis del petróleo entre 1974 y 1978, e incluso de seis años, como sucedió después de la segunda crisis del petróleo, entre 1980 y 1986, pero nunca nos habíamos acercado tanto a estar una década en punto muerto.
Muchos creen que el detonante de esta parálisis ha sido la crisis financiera global de 2008, que trajo consigo un enorme aumento en el desempleo, la desigualdad y el conflicto social, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Esto explica que voces antiliberales de izquierda a derecha, desde Tsipras hasta Trump, hayan obtenido un apoyo popular tan notable. Sin embargo, el rechazo a la globalización viene de antes. En la década posterior a la caída del muro de Berlín sus críticos eran pocos y dispersos, pero la batalla de Seattle de 1999, por su violencia e impacto mediático, puede interpretarse como la primera señal de que algo no estaba funcionando con la globalización.

¿Quién sabe? Quizás en el futuro los historiadores consideren Seattle como la primera gran batalla de la denominada (sobre todo en la prensa China) como la “gran rebelión contra la globalización”. Si eso ocurre sería llamativo porque en su día esa revuelta parecía inocua. Muchos medios de comunicación y comentaristas se sorprendieron por la intensidad de las protestas, pero en general la sensación en los días y años posteriores a Seattle siempre fue que los protestantes eran una minoría radical con poco apoyo popular. El hecho de que entre los protestantes contra los efectos negativos del libre comercio se encontraran muchos sindicatos, ONG y movimientos sociales (la gran mayoría de ellos pacíficos) se pasó por alto.
Pues bien, casi 20 años después, esa sociedad civil crítica con la globalización que durante mucho tiempo se había considerado minoritaria se ha convertido en mayoritaria. La Ronda de Doha de la OMC no ha concluido, y no tiene muchas probabilidades de hacerlo. Los dos candidatos a la presidencia de EE UU, Donald Trump y Hilary Clinton, han mostrado su rechazo a los tratados de libre comercio, tanto el del Pacífico (TPP) como el del Atlántico (TTIP, por sus siglas en inglés), sabedores de que el apoyo al libre comercio les restaría votos. En Europa el libre mercado tiene incluso menos adeptos. Los partidos con líderes proteccionistas y nacionalistas tipo Marine Le Pen o proteccionistas y soberanistas como Podemos están en auge, y tanto el presidente francés, François Hollande, como el vicecanciller alemán, Sigmar Gabriel, han declarado que hay que suspender las negociaciones del TTIP.

Quien ve que sus hijos van a vivir peor que él es un potencial votante de partidos antisistema
Incluso en Reino Unido, bastión del liberalismo, gran parte de los que votaron a favor del Brexit lo hicieron porque están hartos de que la globalización (y el consecuente libre flujo de mercancías, servicios, capitales y personas) beneficie sobre todo a los de arriba y muy poco a los de abajo, contradiciendo lo que se les prometió durante años. Las estadísticas les dan la razón. Desde finales de los años setenta, tanto en Estados Unidos como en Europa, los salarios medios han crecido muy poco, y en consecuencia ha aumentado la desigualdad. La ciencia económica tiene pocos consensos (eso explica en parte el malestar que hay con las élites: la gente está cansada de escuchar a expertos economistas presentar soluciones contradictorias), pero uno de ellos es que el libre comercio es positivo para la sociedad en su conjunto. Eso sí, siempre hay ganadores y perdedores y los ganadores de esta globalización han sido las clases medias de China e India, mientras que los perdedores son los trabajadores de Estados Unidos y Europa.
Eso hace que todo aquel que ve que sus hijos van a vivir peor que él, pese a estar mejor formados, sea un potencial votante de partidos antisistema. Con esta tendencia, si no gana estas elecciones Donald Trump las ganará otro populista igual o incluso peor en cuatro años. Y si eso pasa, la globalización, con todos sus beneficios, que son muchos, sí que va a dar marcha atrás. ¿Cómo se puede evitar esto? En principio, habría que redistribuir mejor la riqueza y compensar y empoderar mejor a los perdedores de la globalización. Algo ya se está avanzando en este sentido. Algunos se han dado cuenta que hay que salvar la globalización de los globalizadores. Que el Financial Times, bandera global del liberalismo, pida insistentemente políticas sociales redistributivas es significativo.
Aun así, muchos autodenominados “verdaderos liberales” no están de acuerdo con más impuestos. Para ellos, la desigualdad no es un problema mientras el conjunto de la sociedad siga aumentando su nivel de vida. Además, creen que el Estado ya es demasiado grande e intervencionista. Señalan hacia Francia, donde el Estado gasta el 56% del PIB y a pesar de ello el Frente Nacional (FN) sigue en ascenso. La pregunta, sin embargo, es: ¿habría tanto nacionalismo y xenofobia en Francia si no hubiese tanto paro y desigualdad? Algunos dirán que sí. Finlandia tiene muy poca desigualdad y los Verdaderos Finlandeses son bastante xenófobos. Pero incluso en Finlandia se ha duplicado la desigualdad desde los años ochenta, así que la pregunta sigue siendo pertinente.

¿Habría tanto nacionalismo y xenofobia en Francia si no hubiese tanto paro y desigualdad?
La historia demuestra que encontrar un equilibrio entre el mercado y el Estado no es fácil. Si se le da demasiado poder al Estado impera el proteccionismo y el autoritarismo, y si se le da demasiada cancha al mercado hay inestabilidad económica y contestación social. Los verdaderos liberales deberían meditar cuál es la mejor manera de preservar la globalización: ¿haciéndola más social con impuestos efectivos sobre las transnacionales o continuando con la desregulación y la bajada de impuestos? Si abogan por lo segundo quizás acaben alimentando lo que más detestan: la vuelta del Gran Leviatán. La ola del “hombre fuerte” autoritario que viene a proteger al pueblo se acerca con fuerza de Oriente a Occidente. Los líderes de la gran rebelión contra la globalización liberal ya no son los inocuos sindicalistas, ONG y estudiantes universitarios (por muy radicales que sean), sino los Abe, Xi, Putin, Erdogan, Orban, Kaczynski, Le Pen y los que puedan venir tras ellos.
Miguel Otero Iglesias es investigador principal para la Economía Política Internacional en el Real Instituto Elcano.

Santa Coloma pagará sueldos y subvenciones en su moneda local este mismo año

Article publicat a La vanguardia

  • El pleno municipal aprueba este martes de forma definitiva el reglamento que servirá de base para el nuevo sistema de pago digital a través de teléfono móvil
  • Busca ‘relocalizar’ la economía de la ciudad y evitar la fuga de gasto a localidades vecinas
Santa Coloma pagará sueldos y subvenciones en su moneda local este mismo año
Presentación del sistema de pago de la moneda local de Santa Coloma (Ajuntament de Santa Coloma)
, Badalona

31/05/2016 00:02 | Actualizado a 31/05/2016 00:29 Santa Coloma de Gramenet comenzará a pagar este 2016 con su propia moneda local a través de una plataforma digital que se podrá utilizar desde los dispositivos móviles convencionales. El pleno municipal aprueba este martes de forma definitiva el reglamento y las propuestas de parámetros que sentarán las bases del funcionamiento del nuevo sistema, y que incluye detalles como el porcentaje de las subvenciones que entidades y comercios recibirán en este nuevo valor o las bonificaciones de las que se podrán beneficiar aquellos que lo usen en su día a día.
“Seremos el primer ayuntamiento de todo el estado que canalice gasto público con su propia moneda digital de ámbito local a través de un Circuito de Comercio Social”, enaltece la alcaldesa Núria Parlon. Ese es el mayor factor diferencial del proyecto colomense con respecto al de otras ciudades del mundo. Existen unos 4.000 casos de monedas locales alrededor del planeta, algunos en España y Catalunya, pero Santa Coloma añade el componente tecnológico con una innovadora plataforma diseñada por la empresa Ubiquat Technologies y se lanza a un vacío sin explorar como es el del gasto público a través de esta iniciativa.
En otras palabras, Santa Coloma pagará a sus entidades y comercios una parte o la totalidad de sus subvenciones en la moneda local, y hasta un máximo del 30% del salario a su plantilla municipal y cargos electos. Estos serán los primeros pasos del proyecto, que saldrá a la calle el último trimestre de este mismo año. La nueva moneda no llegará hasta el bolsillo del ciudadano y de la totalidad de las entidades hasta el 2017. “También es una forma de generar expectativa; las entidades comerciales y deportivas y los comercios la empezarán a mover pero los vecinos y vecinas tendrán que esperar un poco más”, avanza el primer teniente de alcalde, Esteve Serrano. Cuando el sistema se asiente, también existirá la posibilidad de pagar impuestos y tributos municipales, dado que los ciudadanos podrán cambiar euros por moneda propia.
Beneficios y bonificaciones
A la práctica, una unidad de la nueva moneda valdrá exactamente lo mismo que un euro, pero la local gozará de ciertas ventajas. El reglamento estipula las bonificaciones que las entidades o los comercios obtendrán por usar la moneda. “Cuanto mayor sea el porcentaje de subvención que estén dispuestos a recibir, y por tanto mayor fomento se haga, más dinero se cederá”, relata esquemáticamente Esteve Serrano. Para el comercio y la ciudadanía, por otro lado, existirá la posibilidad de impulsar ofertas, tanto colectivas como individuales, y combinar la moneda local con tarjetas de fidelización que ya existen en Santa Coloma.
Evitar la fuga de gasto en una localidad terciarizada
Desde la perspectiva global de ciudad, el lanzamiento de esta iniciativa supone la creación de un Circuito de Comercio Social al que se adherirán Ayuntamiento, plantilla municipal, entidades, comercios y ciudadanía, y cuya función primera es multiplicar la circulación y distribución de la riqueza dentro de las fronteras locales.
Santa Coloma es una ciudad con una actividad económica basada, sobre todo, en el sector de servicios y con poca capacidad industrial. En este sentido, la fuga de gasto hacia otras localidades es un mal que toca la fibra del productor interior. “Los estudios que hemos hecho nos indican que la fuga de gasto es de alrededor del 30%, muy elevada. Es un margen muy importante por el que luchar con la moneda local como herramienta”, sostiene el regidor socialista.
“Este circuito tiene el objetivo de favorecer los procesos de relocalización de la economía, reducir los desplazamientos motorizados y, por tanto, las emisiones de CO2. A la vez, fomenta la mayor liquidez para las empresas locales, lo que las hará mantenerse e incluso crecer”, expone la alcaldesa.
Capítulo aparte, la intención es que el proyecto avive el “sentimiento de pertenencia”, el “soy de Santa Coloma, compro en Santa Coloma”, subraya Parlon. “Al final, la idea es enriquecer el orgullo de comprar en casa, en los comercios de nuestros barrios; es una forma de cohesión social. Y, si se generan excedentes, se podrán dedicar a proyectos sociales en los distritos”, matiza Esteve Serrano. Para controlar los movimientos y supervisar posibles cambios, se creará un consejo dentro de este circuito comercial en el que podrá participar y decir la suya todo el mundo. Aunque cualquier cambio requerirá siempre el visto bueno del pleno.
Proceso participativo para elegir el nombre
“A día de hoy la llamamos UDI, Unidad de Intercambio, porque no tiene nombre todavía”, bromea el edil. Una vez aprobado el reglamento, el Ayuntamiento, con la colaboración de las entidades y la red de economía social y solidaria, empezará una amplia campaña informativa entre los comercios y asociaciones de toda la ciudad, que contará con la participación de dinamizadores especializados que asesorarán a los usuarios potenciales. Paralelamente, Santa Coloma impulsará un proceso para escoger el nombre de su nueva moneda que, a priori, culminará en septiembre, coincidiendo con la fiesta mayor local.
 
Pago a través del teléfono móvil

Plataforma moneda digital
Plataforma moneda digital (Arxiu Ajuntament de Santa Coloma / LV)

¿Cómo funcionará? La nueva moneda se sustentará sobre una plataforma digital con una página web y un sistema de pago mediante una aplicación de móvil o mensajes de texto para aquellos aparatos menos modernos que no hayan saltado la brecha tecnológica. Nada de moneda física. Tampoco los comercios que se adhieran de forma gratuita necesitarán nada en especial; sencillamente instalarse la aplicación en sus dispositivos convencionales, ya sea tablet, móvil u ordenador. Ni cuota ni terminales específicos.
Refuerzo del comercio de proximidad
La Agrupación de Comerciantes de Santa Coloma (ACI), con más de 200 asociados, valora positivamente la moneda local y espera “conseguir que se compre más en Santa Coloma”. A falta de disponer de toda la información a nivel técnico y de funcionamiento, aseguran haber dado todo el apoyo al proyecto hasta ahora y coinciden en que ayudará a evitar la fuga de gasto, por ejemplo hacia los centros comerciales de La Maquinista (Barcelona) y Montigalà (Badalona).
Fondo Comerç, otra de las asociaciones representativas de la ciudad e implicada en el proceso de lanzamiento de la moneda, también sostiene que el proyecto puede contribuir a incrementar la actividad del pequeño comercio de Santa Coloma. Aunque se muestran cargados de ilusión, admiten que será un “proceso lento y difícil”, pero animan a todas las tiendas a formar parte del circuito.

Referencia para otras ciudades y administraciones
“¡Santa Coloma le ha tomado la delantera a Barcelona y a Ada Colau, finalmente!”, bromeamos. “No se puede comparar. Hemos trabajado en este proyecto desde 2012, no se trata de que seamos más listos, sino de que llevamos más tiempo”, sale al corte el regidor. Como Barcelona, existen otras ciudades que han anunciado su intención de explorar una moneda local, pero lo cierto es que Santa Coloma se lo ha tomado muy en serio y ha querido ir un paso más allá de lo que se había hecho hasta ahora. Por eso otras administraciones y ayuntamientos, como la propia capital catalana o el AMB, están en contacto con los técnicos del municipio del Besòs para conocer cómo avanza la experiencia. Los preparativos han durado cinco años y ahora el proyecto entra en la recta final. Uno de los pasos previos era buscar referentes internacionales, lo que ha llevado a Santa Coloma a formar parte del consorcio europeo para el proyecto Digipay4Growth, en el que también están implicadas ciudades como Bristol, donde ya funciona un sistema de pago digital similar al colomense, la isla de Sardenya y otras pruebas piloto.

La ONU dice que las cosechas orgánicas a menor escala son la mejor forma de alimentar al mundo

Article publicat a  Ecoportal

Necesitamos cambios transformadores en nuestros sistemas alimentarios, agrícolas y comerciales con el fin de aumentar la diversidad en las granjas, reducir el uso de fertilizantes y otros insumos, apoyar a los agricultores que trabajan a menor escala y crear sistemas alimentarios locales fuertes. Esa es la conclusión de una nueva publicación extraordinaria de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La ONU dice que las cosechas orgánicas a menor escala son la mejor forma de alimentar al mundo

El informe, Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before it is Too Late (Comercio y Medio Ambiente 2013: Despierta antes de que sea demasiado tarde) incluyó contribuciones de más de 60 expertos de todo el mundo (incluyendo un comentario de IATP)  y contiene secciones en las que se habla en profundidad sobre el cambio hacia una agricultura más sustentable y resiliente; la producción ganadera y el cambio climático; la importancia de la investigación y la extensión; el rol del uso de la tierra; y el rol de la reforma de las reglas del comercio mundial.
Además vincula la seguridad mundial y el aumento de conflictos con la urgente necesidad de transformar la agricultura hacia lo que se denomina como «la intensificación ecológica». El informe concluye: «Esto implica un cambio rápido y significativo de una convencional producción industrial, basada en el monocultivo y altamente dependiente de insumos externos hacia mosaicos de sistemas de producción sustentables y regenerativos que también mejoren considerablemente la productividad de los pequeños agricultores«.
El informe de la UNCTAD identificó indicadores claves para la transformación necesaria en la agricultura:

  • 1. Aumento del contenido de carbono en el suelo y una mejor integración entre la producción agrícola y ganadera. Aumento de la incorporación de la agronomía forestal y la vegetación salvaje.
  • 2. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera.
  • 3. Reducción de los gases de efecto invernadero a través de zonas turberas sustentables, y manejo de bosques y pastizales.
  • 4. Optimización del uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, incluyendo mediante los ciclos de nutrientes cerrados en la agricultura.
  • 5. Reducción de los residuos a través de cadenas de comida.
  • 6. Cambio de los hábitos alimentarios hacia el consumo de alimentos amigables con el clima.
  • 7. Reforma del régimen de comercio internacional para la alimentación y la agricultura.

La contribución del IATP se centró en los efectos de la liberalización del comercio en los sistemas agrícolas. La liberalización del comercio, tanto en la OMC y en los acuerdos regionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) habrían aumentado la volatilidad y concentración empresarial en los mercados agrícolas, mientras minaban el desarrollo de sistemas agroecológicos locales que apoyaban mayoritariamente a los agricultores.
Por otra parte las conclusiones del informe presentan un marcado contraste respecto al impulso acelerado para nuevos acuerdos de libre comercio, incluido el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), que amplían un modelo altamente desacreditado de desarrollo económico diseñado principalmente para fortalecer el dominio de las empresas corporativas y multinacionales financieras en la economía global.
En el año 2007, otro informe importante del sistema multilateral, la Evaluación Internacional del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), con contribuciones de expertos de más de 100 países (y avalado por casi 60 países), llegó a conclusiones muy similares. El informe IAASTD concluyó que «los negocios como los conocemos ya no son una opción» y que el cambio hacia enfoques agroecológicos era urgente y necesario para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Por desgracia, los negocios han logrado su continuidad. Tal vez este nuevo informe de la UNCTAD proporcione el punto de inflexión para la transformación política que debe tener lugar «antes de que sea demasiado tarde».

Defensa económica de una auténtica democracia

Article publicat a Sin Permiso

Yanis Varoufakis 07/02/2016

El 8 de diciembre pasado pronuncié una conferencia (TED Global Talk) en Ginebra sobre el futuro de la democracia y el capitalismo.

INTRODUCIÓN: LA DEMOCRACIA NO ES INEVITABLE

Democracia: en Occidente cometemos el colosal error de darla por sentada. Consideramos la democracia no como la más frágil de las flores que es, sino como parte del mobiliario de nuestra sociedad, como algo dado que no es transitorio.

Creemos también que el capitalismo engendra inevitablemente democracia. ¡No es así! El capitalismo puede haber producido democracias liberales en América y Europa, pero no hay nada inevitable en ello.

Lee Kwan en Singapur y sus grandes imitadores de Beiying han demostrado que el capitalismo puede prosperar, el crecimiento económico puede ser espectacular, en tanto que la política sigue exenta de democracia.   

No sería inexacto decir que puede que la mayoría de las sociedades emergentes de Asia y África estén dirigiendo sus antenas hacia Silicon Valley, pero no muestran entusiasmo por emular nuestro experimento occidental con la democracia liberal. China y Singapur seguirán siendo modelos para ellos. Desde luego, la democracia liberal retrocede hoy rápidamente hasta en aquellos lugares en los que se desarrolló.

A principios de este año, como ministro de Economía de un gobierno griego recién elegido, se me dijo en el Eurogrupo, el órgano de gobierno de la eurozona, que no podía permitirse que el proceso democrático de mi país, nuestras elecciones, interfiriese con la política económica establecida. No se me ocurre una reivindicación más potente de Lee Kwan Yew, del Partido Comunista chino y de los amigos cínicos que siguen diciéndome que la democracia se prohibiría si alguna vez amenazara con cambiar algo.

Hoy, ahora, deseo presentarles una defensa económica que abogue por una auténtica democracia. Sostener, contra los edictos de Lee Kwan Yew, el Partido Comunista chino y el eurogrupo, que es necesaria una genuina y bulliciosa democracia. Que sin ella, nuestro futuro económico será sombrío, nuestras sociedades, despreciables, y nuestras innovaciones tecnológicas, un desplifarro.  

Hablando de despilfarro, déjenme señalar una paradoja poco conocida que amenaza hoy a nuestras economías.

PICOS GEMELOS

Yo lo llamo la paradoja de los Picos Gemelos. Un pico es la montaña de deuda que arroja su alargada sombra por doquier. En Europa, en los Estados Unidos, en China, por todo el mundo. Todo el mundo puede ver su montaña de deuda. Pero pocos advierten su gemelo: un segundo pico que acecha a su sombra: una montaña de dinero ociosa que pertenece a ahorradores ricos y empresas demasiado aterradas como para invertir sus ahorros en actividades productivas que puedan generar los ingresos necesarios para acabar con la montaña de deuda y producir también cosas que la humanidad necesita desesperadamente; por ejemplo, energía verde.

Dos cifras cuenta la historia: en los últimos tres meses, se desembolsaron 3,4 billones de dólares en Norteamérica, Gran Bretaña y la eurozona en plantas industriales, maquinaria, equipamiento, carreteras, viviendas, ferrocarriles, escuelas, edificios de oficinas, etc… 3,4 billones suena a mucho dinero. Pero consideremos otra cifra: 5,1 billones de dólares de dinero ocioso que anda circulando por ahí en Norteamérica, Gran Bretaña y la eurozona no hacen sino inflar los mercados de valores y haciendo que suban los precios de la vivienda.

De modo que una montaña de deudas y una montaña de dinero ocioso forman picos gemelos que se niegan a cancelarse mutuamente mediante las normales operaciones de los mercados. El resultado son salarios estancados, tener a más de una cuarta parte de quienes tienen entre 25-y-54 años sin trabajo en Norteamérica, Europa y Japón, y una baja demanda que, en un ciclo interminable, refuerza el pesimismo de los potenciales inversores que temen….una baja demanda, ocasionándola así al no invertir. Exactamente igual que el padre de Edipo, el cual, motivado por la profecía del oráculo de que acabaría muerto a manos de su hijo, creó sin querer las condiciones que garantizaron que Edipo le matara.

Esta es mi lucha con el capitalismo: su absoluto despilfarro al utilizar los recursos disponibles. El desperdicio de tanto dinero ocioso que debería vigorizarse para desarrollar talentos humanos, mejorar vidas y, por encima de todo, financiar el desarrollo de nuevas tecnologías verdes que puedan salvar la Tierra.

Los mercados no pueden arrostrar el problema de los Picos Gemelos debido a su complejo de Edipo, que acabo de describir.  

  • Los estados nominalmente democráticos de Occidente no pueden, a causa de su fobia al deficit y de su escasa disposición a molestar a los amos de las finanzas.
  • Los estados autoritarios, de arriba abajo, del Este no saben cómo empoderar a sus ciudadanos para que gasten una mayor cantidad de sus ahorros, y gastarlos en cosas que sean buenas para el planeta.  

¿Puedo tener razón al proponer la democracia como remedio? Eso creo.

DEMOCRACIA, ANTAÑO Y HOY

Pero, en primer lugar, ¿qué entendemos exactamente por democracia?

Aristóteles definió la democracia como la constitución en la que los libres y los pobres, estando en mayoría, controlan el gobierno. Por supuesto, es verdad que la democracia ateniense excluía a demasiada gente: a las mujeres, los emigrantes y los esclavos. Pero sería un grave error desechar la Democracia Ateniense a causa de quien excluía. Pues lo que otorgaba a la democracia ateniense su substancia no era la exclusión de esclavos, mujeres e inmigrantes. Era la inclusión de los trabajadores pobres, que no sólo consiguieron el derecho a la libertad de expresión sino, de manera crucial, el derecho a expresar juicios políticos con igual peso a la hora de determinar las cuestiones del Estado.

Naturalmente, la democracia ateniense no duró mucho. Como una vela que arde brillante, se consumió rápidamente hasta apagarse. En cualquier caso, nuestras democracias no tienen sus raíces en la Antigua Atenas sino en la Carta Magna, en la Gloriosa Revolución [británica] de 1688 y en la Constitución norteamericana.

La democracia ateniense se se centraba en el ciudadano sin amo que no era servidor de nadie y empoderaba al ciudadano trabajador pobre. La Carta Magna era una carta para los amos. Por lo que respecta a la democracia liberal, surgió sólo cuando fue posible separar por completo la esfera política de la económica y limitar la democracia a  a la esfera política, a la vez que se garantizaba que la esfera económica, el mundo empresarial, siguiera siendo un terreno exento de democracia.

Una vez separadas, las esferas económica y política se enzarzaron en una lucha épica, en la que la esfera económica colonizaba constantemente la esfera política, devorando su poder.

¿Se han preguntado por qué los politicos de hoy ya no son lo que solían ser? No, no es que haya degenerado su ADN. En estos días los politicos pueden estar en el gobierno, pero no en el poder, porque el poder reside en una esfera económica separada fuera de su alcance. No es de extrañar que la política atraiga cada vez menos a la gente brillante.

Ah, ahí está el problema: exactamente igual que los predadores que se mueren de hambre después de haber diezmado a la población que es su presa, así la esfera económica cae presa de su propio éxito al canibalizar la esfera política. El poder empresarial ascendente rebaja el grado de demanda de los productos de las empresas  y así es que los altos ejecutivos tienen demasiado miedo como para invertir temiendo la baja demanda que producen sus temores.

En resumen, cuanto mayor éxito tiene el capitalismo en sacar al demos de la democracia, mayores los Picos Gemelos y mayor el desperdicio de riqueza humana.

¿QUÉ PODEMOS HACER? OPORTUNIDADES Y PESADILLAS

Para acabar con este despilfarro, debemos reunificar las esferas económica y política bajo control del demos, al igual que en la Antigua Atenas, salvo que sin esclavos y sin la exclusión de mujeres e inmigrantes.

No se trata de una idea nueva. La izquierda marxista la tuvo hace un siglo cuando trató de poner a los trabajadores pobres en primer plano. Ya sabemos cómo acabó de mal. Lo que nos enseñó la debacle soviética es que sólo por milagro podrán zafarse los trabajadores pobres del control del gobierno sin nuevas formas de brutalidad y despilfarro.

Pero hay una alternativa: ¡Eliminemos a los trabajadores pobres! El capitalismo está haciendo esto mismo, reemplazando a los trabajadores de bajos salarios por autómatas, androides y robots. Pero mientras las esferas económica y política sigan separadas, la automatización sólo hará que se eleven aun más los Picos Gemelos, se vuelva mayor el despilfarro y se hagan más profundos los conflictos sociales, hasta en China.

La solución consiste en utilizar las nuevas tecnologías para unificar de nuevo las esferas política y económica. Pero si las unificamos, mejor que democraticemos ese nuevo dominio unificado para que no acabemos con super-autocracia enloquecida con la vigilancia, una distopia en la que Matrix –la película- parecerá un documental.

Dicho de modo distinto, al capitalismo no le hace falta que la izquierda marxista lo derroque. Anda ocupado creando tecnologías que le segarán la hierba bajo los pies.

La cuestión no es si el capitalismo sobrevivirá a las tecnologías que está generando. La cuestión es lo que sucederá al capitalismo después de que se haya derrocado a sí mismo.  

¿Una distopía que se asemeje a Matrix? ¿O algo más parecido a una sociedad utópica de Star Trek, en la que las máquinas están al servicio de los seres humanos, que empeñan entonces su energía en explorar el universo y debatir inacabablemente el significado de la vida en cierta Ágora de alta tecnología?

Tengo la conviction de que es posible una hipótesis feliz. Es el Modelo Ateniense con Cambio de Imagen de Alta Tecnología.

¿Qué formas prácticas adoptaría?

DOS EJEMPLOS

Permítanme compartir dos ejemplos.

A escala empresarial, imaginemos un mercado de capitales en el que acumulas capital a medida que trabajas y que te sigue mientras te mueves de una empresa a otra, en la que cada empresa fuera propiedad solamente de quienes trabajan en ella en ese momento. Así, la renta de todo el mundo procede solo del capital, de los beneficios, y el mismo concepto de salario desaparece, pues cada trabajador recibe su parte de los beneficios, más cualquier prestación de un Estado que complementa los ingresos con la fiscalidad sobre los beneficios totales. No más separación entre los que trabajan, pero no son propietarios, y los que son propietarios, pero no trabajan en la empresa – ya no hay tira y afloja entre trabajo y capital – ni más brecha inmensa entre los que ahorran y los que invierten: sin Picos Gemelos descollantes.  

Pasando a la economía política global, imaginemos que todas las divisas nacionales tienen un tipo de cambio flotante con una moneda común, digital, llamémosla KOSMOS, que será emitida por el Fondo Monetario Internacional y el G20 en nombre de la humanidad. Imaginemos además que todo el comercio se realizara en KOSMOS y cada país pagara automáticamente a un fondo de inversiones global común una suma de KOSMOS proporcional a su deficit o superávit comerciales: dinero que se utiliza para invertir en tecnologías verdes en aquella parte del mundo en la que escaseen los fondos de inversión. No se trata de una nueva idea: es una version de alta tecnología de lo que John Maynard Keynes propuso en 1944 en la conferencia de Bretton Woods. Salvo que ahora tenemos la tecnología para ponerla en práctica en el contexto de una esfera política-económica democratizada.

EPÍLOGO

El mundo que les estoy describiendo es un mundo simultáneamente libertario (centrado en individuos empoderados), marxista (al haber consignado la distinción salario-beneficios al basurero de la Historia) y keynesiano, globalmente keynesiano.

Pero, por encima de todo, es un mundo en el que podemos empezar a imaginar una auténtica democracia.

¿Llegará ese mundo a nacer?

¿O nos hundiremos en una distopia a lo Matrix?

La respuesta depende la elección política que decidamos colectivamente.

Sí, la elección es nuestra. ¡Y mejor hacerlo democráticamente!

Gracias.

exministro de finanzas del gobierno griego de Syriza, es Profesor de política económica en la Universidad de Atenas. Su libro El Minotauro Global, para muchos críticos la mejor explicación teórico-económica de la evolución del capitalismo en las últimas 6 décadas, fue publicado en castellano por la editorial española Capitán Swing, a partir de la 2ª edición inglesa revisada. Una extensa y profunda reseña del Minotauro, en SinPermiso Nº 11, Verano-Otoño 2012.

Fuente:

Traducción:

Lucas Antón

Barcelona empieza a perfilar su polémica moneda local

Article publicat a   La vanguardia
El Ayuntamiento de Barcelona se ha fijado el próximo medio año para llevar a cabo los trabajos de divulgación y diseño de la futuramoneda local para Barcelona, que podría quedar definida en primavera. Una controvertida herramienta –que cuenta con la oposición del Banco de España, que hace unos meses la calificó de «imposible además de indeseable»– cuyo objetivo principal será la promoción económica de los pequeños y medianos comercios y en cuyo borrador de contenidos parece que están trabajando especialistas de la Universitat Pompeu Fabra. De entrada, se trabaja con un concepto de moneda digital, más operativo y menos caro que la moneda papel que, entre otras funciones, sirva a ciudadanos y comerciantes para comprar y vender y que el dinero se quede en la ciudad.

Barcelona empieza a perfilar su polémica moneda local
Actualmente existen multitud de modelos de monedas locales en el mundo, aunque el Ayuntamiento barcelonés se ha fijado en proyectos de éxito como el de Bristol (Inglaterra), Nantes (Francia) o Cerdeña (Italia), cada uno con su idiosincrasia, como punto de partida para la elaboración de un modelo propio. Sin embargo, son conscientes de que antes de hablar de modelo a los comerciantes, los principales implicados, habrá que explicarles en qué consiste y qué ventajas les aportará. «Vamos a abrir un proceso pedagógico en Barcelona para ver qué modalidad se puede implantar, explicar las propuestas que hay funcionando en estos momentos y crear el contexto para que pueda prosperar. Es un proceso a medio plazo que la sociedad tiene que hacer- se suyo y la administración dar su apoyo», explica el comisionado de Comercio, Miquel Ortega, consciente de que todavía no cuentan con el favor del sector comercial, muy ajeno a este tipo de iniciativas. Fuentes consultadas de Hacienda y el Banco de España no quisieron ayer efectuar comentarios ayer sobre la iniciativa. La falta de concreción de la propuesta la sitúa en una suerte de limbo legal. La ausencia de intermediarios de tipo financiero en el proyecto y la incertidumbre sobre su alcance hacen inicialmente difícil su abordaje.

Ajeno a esta situación, el Ayuntamiento continúa trabajando en su moneda –cuyo nombre se elegirá mediante un proceso participativo– será digital y se operará a través de tarjetas tipo monedero electrónico o dispositivos móviles. La moneda física sólo se prevé desde un punto de vista simbólico e incluso como souvenir para los turistas, a los que no se descarta como futuros usuarios. «Se trataría de hacerlos entrar en el circuito de una forma sencilla y que les supusiera un atractivo añadido; que el ir de compras por Barcelona con la moneda local fuera un elemento más de identidad de la ciudad», explica Ortega. Como el resto de las monedas locales en funcionamiento, su valor probablemente será equiparable al del euro y se podrá cambiar de nuevo a la moneda oficial en cualquier momento. Con ella se podrán pagar las compras en los comercios asociados –todo el proyecto tiene carácter voluntario–. En consecuencia, las ventas se producirán localmente impulsando la actividad económica interna y evitando que el nuevo dinero acabe abandonando el territorio, como ocurre frecuentemente con el dinero oficial. Pero para que compense su uso al ciudadano también se debe crear un sistema de ventajas y bonificaciones en los comercios.

La clave del éxito de la implantación de toda moneda local es que sea un proyecto de ciudad. «No puede ser sólo el plan de una alcaldesa, porque cuando se vaya, la propuesta se irá con ella. Y aquí hay suficiente masa crítica para que prospere», dice Andreu Honzawa, experto en diversidad monetaria y representante en España de la fundación holandesa Social Trade Organization (STRO), la primera organización que se especializó en monedas locales, hace ya más de veinte años. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando ahora en la elaboración de materiales pedagógicos y guías específicas para comerciantes y vecinos, además de jornadas y talleres que se irán realizando en los próximos meses. También se estudia la viabilidad de pagar determinadas subvenciones a través de la moneda, así como determinados impuestos y servicios como el transporte público. El objetivo es que la ciudadanía confíe en este nuevo dinero y lo use. Una moneda que, en ningún caso viene, a sustituir a la oficial. De hecho, y a pesar de los comentarios del Banco de España y Hacienda los expertos alertan de que siempre que no se cree una nueva moneda que amenace el monopolio del Banco Central Europeo no habrá ningún impedimento legal, especialmente si las experiencias tienen lugar en territorios de reducida dimensión.

Mientras Barcelona inicia ahora su andadura hacia la moneda local propia, Santa Coloma de Gramenet ha cogido la delantera y con toda probabilidad será el primer municipio de España en instaurarla. Una moneda con la que podrá canalizar parte del gasto privado hacia el flujo de comercio local. Según un estudio, el 75% de las compras de sus vecinos se realizan en otras ciudades. Con la nueva moneda digital «se fidelizará el gasto», apunta la alcaldesa, Núria Parlón, que prevé que la iniciativa esté en pleno funcionamiento el primer semestre del 2016, una vez se modifiquen las ordenanzas públicas a finales de año y concluya el proceso de participación para escoger el nombre.

 El de Santa Coloma es también un modelo digital que incorporará una identificación tipo tarjeta de crédito recargable y permitirá a los que se adhieran operar en la ciudad con un sistema de pago por internet y a través de dispositivos móviles. Incluso los trabajadores municipales podrán percibir un máximo del 30% de su salario en moneda local. Las subvenciones a entidades sociales y culturales también se podrán pagar con ella. La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Digipay, a través del cual el Consistorio ha recibido una subvención de fondos de 132.000 euros. La moneda digital permitirá el pago de algunos impuestos, como el IBI, a aquellos comercios que se sumen a la iniciativa. Para más adelante quedan otras propuestas como obtener microcréditos o préstamos, que por ahora no se prevén, «puesto que no hay ninguna entidad bancaria» que participe, desvela la alcaldesa. Comerciantes y restauradores ven con buenos ojos la iniciativa.

Toulouse, Nantes, Estrasburgo, y pronto Lyon

El establecimiento de monedas locales paralelas comenzó en Francia en el 2010, ante el comportamiento del sector financiero y como alternativa a las falsas contabilidades del crecimiento. La ciudad pionera fue Toulouse, donde el sol-violette inició su andadura en el 2011. Cuatro años después, Jean-Louis Ortiz, presidente de la asociación de comerciantes del Faubourg Bonnefoy, que agrupa a 80 comercios de esa zona de la ciudad, confiesa desconocer por completo la moneda local: «Ninguno de mis asociados la maneja, pero me parece interesante, sobre todo para pequeños pueblos». En Toulouse hay unos 200 comercios implicados en la red del sol-violette; charcuterías, librerías, imprentas, profesionales de la salud… «El 70% de la actividad en la moneda local se realiza en el ámbito alimentario y hay 40.000 euros en esa moneda», explica la activista Camille Pascual. El sentido es potenciar el comercio local, una economía respetuosa de las personas y la naturaleza, y resistir la asfixia ocasionada por las grandes superficies, dice. Una moneda, en definitiva, con un valor añadido al mero valor de cambio. Florian Belmonte, un fontanero tolosano, ha entrado en el circuito de la moneda local que la mayoría de los habitantes ignora o desconoce. Belmonte admite que tiene algunos «problemas contables» y dice que no tiene mucho impacto en su actividad, pero ha abrazado la iniciativa. Sus primeras monedas locales las ha recibido como propina. El objetivo a corto plazo es salir del círculo de los «convencidos», consolidar un soporte digital paralelo al papel para facilitar los intercambios e introducirse en el sector servicios; museos, transportes, piscinas municipales, etcétera.

El ejemplo de Toulouse se ha exportado a otras ciudades. Nantes introdujo en abril su moneda, el sonantes, una tarjeta roja que se lanzó con 150 comercios adheridos y se propone llegar a 3.000 comercios y empresas y 10.000 personas, el 10% de la ciudad, en cuatro años. En Estrasburgo acaba de nacer el stück, con 50 comercios adheridos desde principios de mes. En Lyon, donde el grupo impulsor comenzó su actividad en el 2010, inspirado por Toulouse, la moneda local, la gonette, se lanzará el próximo 7 de noviembre. Rafael Poch

Sólo la ciudadanía puede frenar la grave amenaza del TTIP

Article publicat a Espacio Público 

amenaza del TTIP

Susan George

Susan George es presidenta de honor de ATTAC Francia y presidenta del Transnational Institute de Ámsterdam. Comprometida desde hace mucho tiempo en los combates internacionales contra los efectos devastadores de la globalización capitalista, es autora de ensayos como “Informe Lugano I y II”, “El pensamiento secuestrado”, “Otro mundo es posible si…”, “Sus crisis, nuestras soluciones” y “Los usurpadores”

Espacio Público me ha pedido que presente el debate sobre el polémico Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP), y estoy encantada y orgullosa de hacerlo. Este tratado, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se está negociando desde mediados de 2013 pero mucha gente, tanto en España como en el resto de Europa, nunca ha oído hablar de él. Por eso este debate es vital: creo que el TTIP es una de las iniciativas más perniciosas que se hayan planteado jamás en una mesa de negociación.
Quien espere de esta introducción un punto de vista neutral más vale que deje de leer en este mismo instante. A mi entender, pedir una valoración equitativa del TTIP es como intentar mantener una discusión objetiva sobre los pros y los contras del cáncer o de la guerra nuclear.
Antes de explicar por qué sostengo que el TTIP es un peligro indiscutible para todos nosotros, déjenme señalar que también creo que podemos derrotarlo; y cuando hablo de “nosotros” me refiero a los ciudadanos corrientes, tanto estadounidenses como europeos. La gente corriente es, de hecho, la única que puede decir No con total firmeza, porque cada uno de los 28 gobiernos que conforman la Unión Europea ha delegado en la Comisión Europea para negociar este tratado y todos lo han hecho sin informarnos de ello. Y, al hacerlo, nuestros gobiernos han decidido primar los intereses de las corporaciones internacionales (TNCs), verdaderos arquitectos de este tratado, por encima del bienestar y de la seguridad de sus propios ciudadanos.
Hoy, sin embargo, después de dos años de negociaciones, la gente se está uniendo para luchar, en Europa y en Estados Unidos, y evitar así que el TTIP adquiera categoría de ley. Estoy segura que los dos meses de debate en Público demostrarán que el TTIP perjudicaría los intereses de los ciudadanos europeos y nuestras tradiciones democráticas. La mejor arma de que disponemos para hacerle frente es la información. Como en los casos del cáncer y de la guerra nuclear, la única opción decente, la única alternativa, es que TTIP desaparezca.
Este tratado es una creación de las más grandes y poderosas corporaciones transnacionales de los Estados Unidos y Europa. Comenzaron a preparar su golpe de Estado hace veinte años cuando, con el conocimiento y el apoyo de sus gobiernos, fundaron en 1995 el TABD (Diálogo Empresarial Transatlántico). El TABD asumió el desarrollo de un acuerdo de libre comercio e inversión de amplio alcance que constituye el gran proyecto para situar los intereses de las multinacionales por encima de la soberanía nacional, del imperio de la ley y de los derechos ciudadanos. Su objetivo es la “integración” y “armonización” de las economías europea y estadounidense según los deseos de las empresas y su eslogan era: “Aprobado una vez [por el TABD], aceptado en todas partes”.
Por tanto, no debe sorprendernos que este Tratado Europa-EEUU, si llega a ser aprobado, promueva gobiernos de, por y para estas mismas multinacionales transatlánticas. El TTIP es una grave amenaza para las atribuciones ejecutivas, legislativas y judiciales de todos nuestros gobiernos y pretende reemplazarlas de forma permanente por normativas y procedimientos favorables para las corporaciones.
Las grandes empresas no quieren gobernar directamente –tienen de su parte a los políticos afines para hacerlo– pero, a diferencia del resto de nosotros, pueden seguir las negociaciones paso a paso. El texto del TTIP se mantiene en secreto así que, para conocer su contenido, incluso los parlamentarios europeos de la Comisión de Comercio han de solicitar permiso para entrar en una habitación especial de Bruselas, cerrada a cal y canto, en la que no se les permite hacer copias ni siquiera tomar notas. Recientemente, hasta a los altos funcionarios de los gobiernos de los países miembros se les ha comunicado que también tendrán que pasar por esa misma habitación de Bruselas si quieren echar un vistazo al texto. Los ciudadanos dependen de las publicaciones especializadas y de las filtraciones.
A pesar de su nombre, esta “Asociación de Comercio e Inversión” trata poco sobre comercio. Los aranceles entre Estados Unidos y Europa son ya bajos y, excepto para la agricultura, su media está en torno al 2% o 3%, por lo que no merece la pena mantener largas y complicadas conversaciones para reducirlas más aún. Pero precisemos que si la UE renuncia a los aranceles de protección a la agricultura, gran parte de los 13 millones de familias europeas que aún dependen del campo no podrían competir con las gigantescas granjas industriales norteamericanas de utilización intensiva de capital. Las pequeñas familias de granjeros y agricultores que quedan en Europa serán aniquiladas, exactamente igual que ocurrió con los dos millones y medio de campesinos mejicanos que fueron arruinados por la importación masiva de maíz subvencionado y barato tras el acuerdo de libre comercio firmado hace 20 años entre Estados Unidos, México y Canadá (NAFTA). ¿Dónde hallarán estas personas una nueva forma de vida, otro empleo? Lo más probable es que acaben engrosando las filas de los parados europeos.
Las multinacionales no están muy interesadas en reducir los aranceles, pero se están concentrando duramente en lo que se conoce como barreras “no-arancelarias” o “detrás de las fronteras”. Estas pueden ser cualquier cosa de la que una corporación quiera deshacerse. Por ejemplo, “impedimentos para acceder al mercado” como las regulaciones gubernamentales en materia de alimentación, productos farmacéuticos, químicos, medio ambiente, etcétera.
En la actualidad, los europeos disponen de un sistema de regulación mejor que el de Estados Unidos prácticamente en todas las áreas, exceptuando las finanzas. Si el TTIP se aprueba tal como las multinacionales desean, todos los ciudadanos estarán en peligro –por los productos alimenticios, las sustancias tóxicas, los costosos medicamentos no genéricos, los pesticidas y otros muchos productos–. Por tanto, si los europeos se niegan por ejemplo a comer ternera criada con antibióticos y hormonas, o pollos lavados con cloro; si no quieren comer alimentos procesados con organismos modificados genéticamente; si se resisten a usar cosméticos y productos de uso diario en el hogar que contengan elementos químicos hasta ahora prohibidos en Europa, ¿cuál será el escenario?
Los norteamericanos argumentarán que eso “no es científico”
Las agencias de control de calidad de los alimentos europeas y los legisladores han sido obligados hasta ahora a aceptar el “principio de cautela”, porque así consta en los tratados de la fundación de la Unión Europea y afirma que este principio debe aplicarse en aquellos casos en los que “un fenómeno, producto o proceso pueda tener un efecto peligroso” para el medio ambiente, la alimentación o la salud de los humanos, los animales o las plantas. En otras palabras, “si existe un riesgo apreciable de que algo puede ser dañino, no lo permitas”. Si una empresa quiere colocar un producto equis en el mercado, es el fabricante quien debe demostrar que es sano y seguro. Al importador potencial no se le puede exigir que pruebe que no lo es.
Los norteamericanos adoptan el punto de vista opuesto y por eso presionan en las negociaciones del TTIP: si los europeos quieren rechazar sus productos o procesos, deberían ser obligados a proporcionar pruebas cien por cien científicas que demuestren que el producto es peligroso. Especialmente cuando está en juego algo tan complejo como el cuerpo humano, esto puede ser imposible –al menos en cuanto a que satisfaga a los estadounidenses. ¿Cómo puede usted estar seguro al cien por cien de que un ingrediente o producto A tiene un impacto dañino sobre la función B del cuerpo humano? Se pudo demostrar con el amianto porque causa un cáncer poco común en personas que han trabajado o vivido con él, pero no se puede disponer de una prueba irrefutable en cada caso. Los lobbies corporativos son capaces de retrasar una regulación durante años, y provocar así muchas muertes innecesarias. Un ejemplo flagrante es la forma en que el lobby del tabaco fue capaz de postergar durante décadas la prohibición de fumar y la inserción de textos en los paquetes avisando de los perjuicios de este hábito para la salud.
Europa cuenta aproximadamente con tres mil “indicaciones geográficas” sobre gastronomía y vinos –los negociadores norteamericanos del TTIP quieren convertir todos nuestros quesos, vinos, jamones, etc. en genéricos– de modo que se pueda producir queso Cheshire o feta, champán o rioja, Parma o Jabugo en cualquier sitio… y seguir denominándolos con esos términos.
Una queja de todas estas compañías –estadounidenses o europeas– es la inutilidad y el elevado coste que supone analizar los productos en ambos lugares. De acuerdo. Todos podrían acceder a evitar duplicidades si y sólo si los análisis tanto en Estados Unidos como en Europa fueran exactamente iguales –pero esto no es necesariamente cierto. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una agencia de seguridad del automóvil. Pero General Motors fue obligada recientemente a revisar 12,8 millones de coches porque su sistema de ignición corría riesgo de apagarse y dejar a los conductores sin frenos o sin dirección. ¿Con qué meticulosidad se había llevado a cabo el control de calidad? ¿Y por qué la agencia de “seguridad” tardó más de una década en reconocer que estos coches eran peligrosos, a pesar de los numerosos informes de accidentes con heridos y muertos?
Esto nos lleva a otra de las demandas corporativas: deshacerse de todos los problemáticos “impedimentos para el comercio”, con la cooperación incondicional de sus respectivos gobiernos. Quieren un sistema para lo que la Comisión Europea denomina “Mejor Regulación” o “Cooperación Regulatoria”, en el que las multinacionales se involucren plenamente como “expertos” y que –según denuncia la red medioambiental ciudadana Amigos de la Tierra Europa– levantará “más y más barreras para impedir el establecimiento de nuevos estándares medioambientales, laborales, de salud y seguridad que protejan a los ciudadanos”… y que “amenaza con debilitar los criterios actuales sobre alimentación, productos químicos o biodiversidad”. Es fácil ver que esto es un potencial golpe de Estado, al servicio de los negocios, contra nuestros representantes democráticamente elegidos. Las multinacionales podrán así sentarse a la misma mesa que las instituciones y agencias reguladoras, e influir en sus resoluciones antes de que se adopten.
El TTIP es un tratado de comercio y de inversión, y en nombre de la protección de esa inversión otorga a las empresas la capacidad de demandar a los gobiernos ante tribunales privados de arbitraje cuando entienden que una normativa gubernamental puede perjudicar sus beneficios, tanto ahora como incluso en el futuro. Esto es una característica habitual de los tratados bilaterales de comercio e inversión conocidos como ISDS (de la siglas inglesas de Arbitraje de Diferencias entre Inversor y Estado) y es el aspecto del TTIP que hasta ahora ha sido objeto de mayor rechazo público. “entre Inversor y Estado” o Inversor contra Estado pudo haber sido una propuesta justa en 1959, fecha del primer tratado bilateral de inversión entre Alemania y Pakistán, cuando nadie podía estar plenamente seguro de la imparcialidad de, digamos, un tribunal paquistaní. Pero en el caso del TTIP estamos hablando de sistemas judiciales maduros, equitativos y comprobados en Estados Unidos y Europa, en los que se da por descontado que garantizarán un juicio justo cuando una empresa recurra porque estime que ha sido expropiada o tratada injustamente por alguna regulación gubernamental.
Hoy en día tenemos ya un conjunto de más de 600 tratados privados de arbitraje, concluidos o en proceso, y se puede comprobar cómo están siendo utilizados continuamente de forma arbitraria para deshacerse de regulaciones molestas y para obligar a los gobiernos –es decir, a sus contribuyentes– a pagar enormes cantidades de dinero a las compañías. Los gobiernos en Europa, especialmente los de países más pequeños y débiles, se lo pensarán dos veces antes de arriesgarse a aprobar cualquier nueva ley que pueda desagradar a los inversores. Algunos de los casos más conocidos son amenazas evidentes al clima, promovidas por empresas decididas a evitar la transición hacia un futuro libre de combustibles fósiles, como el caso de la empresa Lone Paint contra Quebec, demandando una indemnización de 250 millones de dólares porque Quebec impuso una moratoria sobre el fracking y Lone Paint quiere perforar en la cuenca del río San Lorenzo.
O si no, el caso de Occidental Petroleum en Ecuador, que ganó un contencioso de 1.800 millones de dólares ante un tribunal de arbitraje de tres jueces privados porque el país suramericano se negó a permitir la perforación para buscar petróleo en una zona natural protegida. Otros casos son amenazas directas a la salud pública o al deber de los gobiernos de proteger el bienestar de sus ciudadanos. Como el de Philip Morris contra Australia y Uruguay por requerir cajetillas sin marcas y avisos ostensibles de los graves peligros del tabaco para la salud. O el caso de Veolia contra Egipto porque el Gobierno egipcio aumentó el salario mínimo.
Yo espero que ustedes ya se estén planteando hacer algo para detener este Tratado que ataca las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de los gobiernos democráticos y para evitar que tanto su Gobierno como la Unión Europea lo lleven adelante. Las negociaciones están empezando a vacilar en varios puntos gracias a las protestas de los ciudadanos –los gobiernos esperaban firmar antes del final de 2015; ahora están hablando, de manera “más realista”, de 2017. La UE ha intentado justificarlo aduciendo que traerá “empleos y crecimiento”, pero sus argumentos han sido desbaratados y se ha mostrado que sus “investigaciones” son en realidad propaganda.
El conocimiento es la mejor arma. Continúen con este debate, aprendan más e informen a todos sus conocidos y allegados. Pueden firmar la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos que, en el momento en que escribo estas líneas, supera ya los dos millones y medio de firmas en 18 países distintos, España incluida. Nuestro objetivo es reunir tres millones de firmas. Pueden ir a https://stop-ttip.org/es/?noredirect=es_ES. Firmen, pidan y busquen firmas. Pueden unirse a Attac, Amigos de la Tierra u otras campañas de organización contra el TTIP. Pueden presionar a los políticos usando argumentos y frases como “O le dices No al TTIP o te diremos no a ti” (o “Si le dices No al TTIP, te diremos sí a ti”). Los españoles han demostrado que tienen mucha imaginación política. La lucha contra el TTIP puede acabar con una victoria y ustedes pueden ser parte de ella.

Interessos darrera els tractats de lliure comerç

A continuació dos articles publicats al El País de dos premis Nobel d’economia Paul Krugman  i Joseph E. Stiglitz, que tracten de les conseqüències negatives que pot tenir el tractat de comerç  Acord d’Associació Transpacífic(TPP) per a EEUU. Els mateixos arguments i les mateixes conseqüències negatives, en aquest cas per a Europa, es poden aplicar al El Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP)   que actualment  s’està negociant entre EEUU i Europa. 

El control oculto de las empresas

Rafael Ricoy

Estados Unidos y el mundo están imbuidos en un gran debate sobre los nuevos acuerdos comerciales. Tales pactos solían ser llamados “acuerdos de libre comercio”; en la práctica, eran acuerdos comerciales gestionados, es decir, estaban adaptados a la medida de los intereses corporativos, que en su gran mayoría se encontraban localizados en EE UU y la Unión Europea. Hoy en día, con mayor frecuencia, tales pactos se denominan como “asociaciones”; por ejemplo, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Sin embargo, dichos acuerdos no son asociaciones entre iguales: EE UU es quien, de manera patente, dicta los términos. Afortunadamente, los “socios” de EE UU se muestran más recelosos.
No es difícil ver por qué. Estos acuerdos van mucho más allá del comercio, ya que también rigen sobre la inversión y la propiedad intelectual, imponiendo cambios fundamentales a los marcos legales, judiciales y regulatorios de los países, sin que se reciban aportes o se asuman responsabilidades a través de las instituciones democráticas.
Tal vez la parte más odiosa –y más deshonesta– de esos acuerdos es la concerniente a las disposiciones de protección a los inversores. Por supuesto, los inversores tienen que ser protegidos contra los gobiernos defraudadores que incautan sus bienes. Sin embargo, dichas disposiciones no se relacionan a ese punto. Se realizaron muy pocas expropiaciones en las últimas décadas, y los inversores que quieren protegerse pueden comprar un seguro del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, una filial del Banco Mundial; además, el Gobierno estadounidense y otros Estados proporcionan seguros similares. No obstante, EE UU demanda que se incluyan tales disposiciones en el TPP, a pesar de que muchos de sus “socios” tienen sistemas de protección de la propiedad y sistemas judiciales que son tan buenos como los propios estadounidenses.

La verdadera intención de estas disposiciones es impedir la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad, y, ciertamente, incluso tienen la intensión de impedir que actúen las regulaciones financieras que deberían proteger a la propia economía y a los propios ciudadanos de EE UU. Las empresas pueden demandar en los tribunales a los gobiernos, pidiéndoles recibir compensación plena por cualquier reducción de sus ganancias futuras esperadas, que sobreviniesen a consecuencia de cambios regulatorios.
Esto no es sólo una posibilidad teórica. Philip Morris ha demandado judicialmente a Australia y Uruguay por exigir etiquetas de advertencia en los cigarrillos. Es cierto que ambos países fueron un poco más allá en comparación con EE UU, ya que obligaron a los fabricantes de cigarrillos a incluir imágenes gráficas que muestran las consecuencias del consumo de tabaco.
El etiquetado está logrando su cometido, ya que es desalentador para los fumadores y disminuye el consumo de cigarrillos. Así que ahora Philip Morris exige indemnizaciones por la pérdida de ganancias.
En el futuro, si descubrimos que algún otro producto causa problemas de salud (por ejemplo, pensemos en el asbesto), los fabricantes en lugar de enfrentar demandas judiciales por los costos que nos impone a nosotros las personas comunes, podrían demandar a los gobiernos porque éstos estuviesen tratando de evitar que se maten a más personas. Lo mismo podría suceder si nuestros gobiernos imponen regulaciones más estrictas para protegernos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando presidí el Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton, los grupos anti-ambientalistas intentaron promulgar una disposición similar, denominada “expropiaciones regulatorias”. Ellos sabían que una vez promulgada, las regulaciones se frenarían, simplemente porque el Gobierno no podía permitirse el lujo de pagar las compensaciones. Afortunadamente, tuvimos éxito y ganamos la batalla: hicimos que esta iniciativa retrocediese, tanto en los tribunales como en el Congreso de EE UU.

Las compañías no pueden usar los acuerdos comerciales para dictar cómo vamos a vivir

No obstante, ahora los mismos grupos están intentando realizar una triquiñuela para pasar por alto los procesos democráticos mediante la inserción de tales disposiciones en las facturas comerciales, ya que el contenido de las mismas se mantiene, en gran medida, en secreto para el público (pero no para las compañías que están presionando para conseguir dichas inserciones). Es sólo a consecuencia de fugas de información, y mediante charlas con los funcionarios del Gobierno que parecen estar más comprometidos con los procesos democráticos que llegamos a conocer lo que está pasando.
Es fundamental que el sistema de gobierno de EE UU cuente con un poder judicial imparcial y público, con normas legales construidas a lo largo de décadas, que se basen en principios de transparencia, precedentes y en las oportunidades que otorgan a los litigantes para que apelen las decisiones desfavorables. Todo esto está siendo dejado de lado, ya que los nuevos acuerdos exigen que las partes se sometan al arbitraje, que es un proceso privado, sin transparencia, y muy caro. Es más, esta forma de administración de justicia está a menudo plagada de conflictos de intereses; por ejemplo, los árbitros pueden ser “jueces” en un caso y defensores en un caso relacionado.
Los procesos judiciales son tan caros que Uruguay ha tenido que recurrir a Michael Bloomberg y a otros estadounidenses ricos, quienes están comprometidos con la salud, para poder defenderse en el juicio planteado por Philip Morris en su contra. Y, si bien las compañías pueden demandar, otros no pueden. Si hay una violación de otros compromisos –en lo referido a las normas laborales y ambientales, por ejemplo– los ciudadanos, sindicatos y grupos de la sociedad civil no tienen recursos legales mediante los cuales puedan personarse para plantear juicios.
Si alguna vez en la Historia hubo un mecanismo de solución de controversias que sólo toma en cuenta a una de las partes y que viola los principios básicos, este es dicho mecanismo. Es por esto que me uní a líderes expertos en asuntos legales en EE UU, incluyéndose entre ellos a profesionales de las Universidades de Harvard, Yale y Berkeley, en el envío de una carta al presidente Barack Obama explicándole cuán perjudiciales son estos acuerdos para nuestro sistema de justicia.
Los partidarios estadounidenses de tales acuerdos señalan que EE UU ha sido demandado solamente un par de veces hasta ahora, y no ha perdido un solo caso. Las empresas, sin embargo, apenas están empezando a aprender cómo utilizar estos acuerdos para su beneficio.

Es clave que EE UU tenga un poder judicial imparcial y público

Y los abogados corporativos de importantes minutas en EE UU, Europa y Japón probablemente superen a los deficientemente remunerados abogados de los gobiernos, quienes intentan defender el interés público. Peor aún, las empresas de los países avanzados pueden crear filiales en los países miembros a través de las cuales invierten nuevamente el dinero en sus países de origen y posteriormente plantean demandas judiciales, lo que les brinda un nuevo canal para bloquear las regulaciones.
En caso de que hubiera una necesidad de mejorar la protección de la propiedad, y en caso de que este mecanismo privado y caro para la resolución de controversias fuese superior a un poder judicial público, deberíamos estar cambiando la ley no sólo para las adineradas empresas extranjeras, sino también para nuestros propios ciudadanos y pequeñas empresas. Pero nada indica que este sea el caso.
Las reglas y regulaciones determinan en qué tipo de economía y sociedad viven las personas. Dichas reglas y regulaciones afectan el poder de negociación relativo, con importantes implicaciones para la desigualdad, que es un problema creciente en todo el mundo. La pregunta es si debemos permitir que las compañías ricas usen disposiciones ocultas en los llamados acuerdos de comercio para dictar cómo vamos a vivir en el siglo XXI. Espero que los ciudadanos en EE UU, Europa, y el Pacífico respondan con un rotundo no.

Joseph E. Stiglitz, es premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad de Columbia. Su libro más reciente, en coautoría con Bruce Greenwald, es Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress.
Copyright: Project Syndicate, 2015.
http://www.project-syndicate.org. Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.

Comercio y confianza

Barack Obama, presidente de Estados Unidos. / Pablo Martínez (AP)
Una de las virtudes más subestimadas del Gobierno de Obama es su honradez intelectual. Sí, los republicanos ven engaños y siniestras intenciones ocultas por doquier, pero no hacen más que proyectarse en otros. La verdad es que, en los temas políticos a los que yo presto atención, esta Casa Blanca ha sido extraordinariamente clara y directa en cuanto a lo que hace y por qué. Es decir, en todos los temas excepto en uno: el comercio y la inversión internacionales.
No sé por qué el presidente ha decidido dar tanta prioridad política a la propuesta del Acuerdo Transpacífico. Aun así, hay argumentos a favor de dicho acuerdo y algunas personas razonables y bienintencionadas defienden la iniciativa.
Pero otras personas razonables y bienintencionadas tienen muchas dudas sobre lo que está pasando. Y yo esperaba un intento de buena fe de responder a esas dudas. Por desgracia, no es eso lo que ha sucedido. La forma de vender el pacto de los 12 países de la costa del Pacífico suena a cuento. Los funcionarios han eludido las principales preguntas sobre el contenido de un posible pacto; han menospreciado las crítica y hecho caso omiso de ellas; y han afirmado alegremente cosas que han resultado no ser ciertas.
La principal defensa analítica del acuerdo comercial se publicaba a principios de este mes, en un informe del Consejo de Asesores Económicos. Curiosamente, sin embargo, el informe no analizaba en realidad el pacto comercial del Pacífico. Era más bien un canto a las virtudes del libre comercio, lo cual no tenía nada que ver con el tema en cuestión.
En primer lugar, independientemente de lo que uno diga sobre las ventajas del libre comercio, la mayoría de esas ventajas ya se han materializado. Ha habido una serie de pactos comerciales, que se remontan a casi 70 años atrás, que han reducido los aranceles y otras barreras comerciales hasta el punto de que cualquier efecto que puedan tener sobre el comercio estadounidense se ve superado por otros factores, como los cambios de valor de las divisas.
En cualquier caso, el acuerdo comercial del Pacífico no tiene que ver en realidad con el comercio. Algunos aranceles ya bajos se reducirían, pero el mayor incentivo del acuerdo propuesto tiene que ver con el refuerzo de los derechos de propiedad intelectual —cosas como las patentes farmacéuticas y los derechos de autor de las películas— y con la modificación de la manera en que las empresas y los países saldan sus disputas. Y no está nada claro que alguno de esos cambios sea bueno para Estados Unidos.
Respecto a la propiedad intelectual: las patentes y los derechos de autor son nuestra forma de recompensar la innovación. Pero, ¿es necesario que incrementemos esas recompensas a costa de los consumidores? El poderoso sector farmacéutico y Hollywood así lo creen, pero también es comprensible que, por ejemplo, a la organización Médicos Sin Fronteras le preocupe que el pacto haga que los medicamentos sean inasequibles en los países en vías de desarrollo. Esta es una preocupación grave, y los defensores del acuerdo no han respondido a ella de un modo satisfactorio.
En cuanto a la solución de las disputas: un capítulo filtrado del borrador pone de manifiesto que el pacto crearía un sistema por el que las multinacionales podrían demandar a los Gobiernos por supuestas violaciones del acuerdo y hacer que los casos los juzgaran tribunales parcialmente privatizados. Las voces críticas como la de la senadora Elizabeth Warren advierten de que esto podría poner en peligro la independencia de la política nacional estadounidense, que estos tribunales podrían utilizarse, por ejemplo, para atacar y socavar la reforma financiera.

El Gobierno de Obama se ha mostrado desdeñoso y ha intentado presentar a los escépticos como unos gacetilleros mal informados
No es para tanto, responde el Gobierno de Obama y el presidente declara que la senadora Warren “se equivoca de pe a pa”. Pero no es así. El acuerdo comercial del Pacífico podría obligar a Estados Unidos a cambiar políticas o a enfrentarse a grandes multas, y la regulación financiera es una de las medidas que quizás esté en la línea de fuego. Como si pretendiese ilustrar esto, el ministro de Economía de Canadá declaraba hace poco que la Norma Volcker, una disposición clave de la reforma financiera estadounidense de 2010, viola el actual Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio. Aunque no consiga que esa afirmación se tenga en pie, sus comentarios demuestran que no es ninguna tontería preocuparse por que los pactos de comercio e inversión pongan en peligro la regulación bancaria.
Desde mi punto de vista, lo que tenemos aquí es un gran problema de confianza.
Es inevitable que los acuerdos económicos internacionales sean complejos, y nadie quiere descubrir en el último momento —justo antes de votar sí o no, todo o nada— que se han incorporado muchos elementos negativos al texto. Por eso, queremos estar seguros de que la gente que negocia el acuerdo presta atención a inquietudes que son razonables, y que se preocupa por el interés nacional más que por los intereses de las corporaciones con buenos contactos.
Sin embargo, en vez de responder a las inquietudes reales, el Gobierno de Obama se ha mostrado desdeñoso y ha intentado presentar a los escépticos como unos gacetilleros mal informados que no entienden las virtudes del comercio. Pero no es así: los escépticos, en general, han acertado más de lo que han errado en asuntos como la solución de disputas, y la única economía de poca monta que he conocido en este debate proviene de los defensores del pacto comercial.
Resulta muy decepcionante y descorazonador ver actuar así a una Casa Blanca que, como he dicho, ha sido bastante franca en otros asuntos. Y el hecho de que el Gobierno, obviamente, no crea que puede defender de forma sincera el Acuerdo Transpacífico lleva a pensar que no deberíamos apoyar este pacto.

Paul Krugman es Nobel de Economía de 2008.